El exintdente de Aguaray Enrique Prado, está imputado por el delito de malversación de fondos públicos y ahora, ante el pedido del fiscal Armando Cazón, la Justicia debe resolver sobre el pedido de detención.
El 10 de marzo de 2020 se presentó un proyecto de ley de intervención del municipio de Aguaray en la Cámara de Diputados de Salta. Sin embargo, los jefes de los bloques oficialistas bloquearon la posibilidad del debate en el recinto en seis oportunidades.
El motivo de del pedido de intervención por parte del autor del proyecto, fue claro, el robo de caños del Gasoducto del Nordeste y la imputación de Prado ante la justicia federal. Las razones de la oposición para bloquear el debate y tratamiento del proyecto nunca quedaron claras. En el medio, mientras Prado continuaba con sus hechos de corrupción, en Diputados la discusión pasaba por si el exintendente tenía más fotos con Gustavo Sáenz o con Sergio Leavy. Increíble, de ahí que bien corresponde la pregunta sobre quién se hace cargo de la demora en haber removido a un jefe comunal que ya había demostrado de manera flagrante su total falta de escrúpulos.
Al bloqueo para habilitar el tratamiento de los diputados Javier Diez Villa (Pte. del bloque Salta Tiene Futuro), Germán Rallé (Pte. del bloque Justicialista Sáenz Conducción), Mónica Juárez (Pta. del bloque 8 de Octubre), increíblemente se le sumó el de los diputados radicales del departamento San Martín, Matías Monteagudo y Valeria Fernández.
El pedido de captura
El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, pidió ante el Juzgado de Garantías Nº 1 de la ciudad de Tartagal, la captura y detención del exintendente de Aguaray, Jorge Enrique Prado, imputado por la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Cazón tiene previsto ampliar la imputación contra Prado, en base a nuevos hechos documentados a través de información recibida este viernes, que entregó el funcionario de la intervención municipal, Diego Argañaraz.
El funcionario del equipo del comisionado interventor Adrián Zigarán, aportó documentación que precisa que Prado no informó el destino de los primeros $24.000.000 (veinticuatro millones de pesos), que habría recibido entre el 11 y 31 de diciembre de 2019, durante el primer tramo de su gestión.
Entre otros ítems, Argañaraz también adjuntó documentación referida a las partidas COVID-19 recibidas por el exintendente Prado, desde mayo pasado, por un total de $9.564.216,79 (nueve millones quinientos sesenta y cuatro mil doscientos dieciséis pesos con setenta y nueve centavos).
La documentación adjuntada precisa otros montos repartidos en las partidas trimestrales recibidas durante este año.
En ese sentido, el pedido del fiscal al juez interviniente, precisa que el exfuncionario deberá clarificar el destino de por lo menos $388.253.301,04 (trescientos ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y tres mil trescientos un pesos con cuatro centavos).
El Fiscal recordó que la audiencia de imputación celebrada el miércoles 4, se realizó en forma remota debido a que Prado informó que se encontraba en la capital provincial, pero a la vez, constituyó domicilio en Aguaray, aunque no precisó dirección alguna en ninguno de esos municipios.
En consecuencia, consideró “sumamente necesario asegurar el debido proceso judicial, ya que existe el peligro de entorpecimiento y de fuga, atento a las complejidades de la causa y siendo público y notorio que también se lo investiga en el Juzgado Federal de Orán, por la causa de los caños del Gasoducto del NEA”, cuya investigación inició el mismo fiscal Cazón, hasta que declinó su competencia.