Un grupo de organizaciones presentaron una acción de amparo contra todos los poderes de Salta, por la falta de reglamentación e implementación de la Ley Provincial Nº 8.173 de Acceso a la Información Pública. Dicha normativa, que es una adhesión a la Ley Nacional Nº 27.275,
El abogado Gonzalo Guzmán Coraita habló en Cadena Infinito sobre la acción judicial impulsada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta (FOCIS), el Centro Comunitario ALFA de la Fundación Proyectar, la asociación Abogados y Abogadas del Noroeste Argentinos en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) y Salta Transparente, en procura del cumplimiento efectivo de la Ley de Acceso a la Información Pública.

“Esta ley fue promulgada en la provincia en el año 2019, su aplicación sigue sin ser efectiva debido a su falta de reglamentación y puesta en marcha, lo que impide que las y los salteños puedan ejercer adecuadamente este derecho fundamental”, indicó Guzmán Coraita y agregó que tal situación vulnera derechos básicos vinculados a la transparencia, la participación ciudadana y el control público sobre la gestión del Estado.
Cuatro Poderes
Guzmán Coraita destacó que la presentación se hizo en base a la obstaculización que se presenta en “los cuatro poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial e incluso el Ministerio Público”.
El amparo fue presentado ante la Corte de Justicia de Salta, reclamando que se reglamente la ley y que se garantice su plena implementación en todos los poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Ministerio Público. Dado que la propia Corte resulta demandada, el caso deberá ser resuelto por jueces y juezas subrogantes.
Esta acción busca, en última instancia, que las y los habitantes de la provincia puedan ejercer su derecho constitucional de acceso a la información pública sin trabas ni demoras. Al respecto, las organizaciones impulsoras del amparo señalaron: “El acceso a la información pública es un derecho humano esencial para fortalecer la democracia y garantizar la transparencia en la gestión gubernamental, pero también es una herramienta que permite a la ciudadanía ejercer el conjunto de los derechos.
El evidente incumplimiento en que incurre la provincia por esta falta de reglamentación e implementación de la ley, representa una omisión inconstitucional que debe ser revertida en forma urgente, para que todas las personas podamos controlar las acciones de nuestros gobernantes y contar con la información que necesitamos para desarrollar adecuadamente nuestra vida dentro de la comunidad política provincial“.
