En menos de un mes fue desenmascarada una segunda red de estafadores en nuestra provincia, aunque lamentablemente luego de haber perjudicado a cientos de salteños. La incidencia de la pobreza es un factor inocultable.
Cuando aún siguen surgiendo elementos en torno a la financiera “Ríos & Asociados” a través de las estafas Ponzi y en la que están involucrados jefes policiales, desde la Procuración se informó a fines de la semana pasada sobre allanamientos e imputaciones a una serie de domicilios en el marco de investigaciones por estafas con la venta de lotes y casas prefabricadas.
Las acciones del Ministerio Público y el acompañamiento del Poder Judicial resultan oportunas y pertinentes, más allá de que ambos poderes no estén haciendo más que cumplir con sus funciones naturales.
Sin embargo, lo lamentable es que todo lo actuado transcurre luego de haberse consumado las acciones dolosas, es decir que se actúa sobre las consecuencias.
Al Poder Legislativo y sobre todo al Ejecutivo, les cabe la enorme responsabilidad política y ética de plantearse acciones de prevención de tales daños.
De los gigantescos recursos que se invierte en publicidad oficial una parte de los mismos podría destinarse a la información, prevención y concientización contra las estafas.
En definitiva, el rol del Estado no sólo es actuar sobre los hechos consumados sobre todo en una provincia tan pobre como Salta donde queda plasmado en la práctica el concepto sociológico de pobreza multidimensional, es decir de aquella carencia que es mucho más profunda y no sólo tiene que ver con los ingresos irregulares de los grupos familiares.
Sin un compromiso serio, con una provincia pobre, un Estado indiferente y amplios sectores sociales sumidos en la desinformación, la ignorancia y ajenos a la necesaria educación financiera, Salta se convierte en tierra fértil para las estafas. (PRA)