Agustín Pérez Alsina, el nuevo fiscal de Estado de Salta, expresó que la provincia deberá atravesar por más de 400 juicios. Entre ellos, el más importante es el de Casinos Austria, que podría significar más de 62 millones de pesos.
En charla con el programa «De Buena Fuente», Agustín Pérez Alsina conversó sobre sus nuevas funciones a cargo de la Fiscalía de Estado. El hombre explicó que se trata de un organismo que se encarga de proteger los recursos de la provincia y de gestionar y prevenir los juicios que debe afrontar la provincia y que, por supuesto, provocan perjuicio económico.
En ese sentido, Pérez Alsina dijo: «nos encontramos de juicios que vienen hace años, como algunas expropiaciones que vienen de hace 12 o 15 años, pero tenemos entre 400 o 500 juicios aproximadamente”. Entre ellos, el que representa mayor valor económico es el de Casino Austria, con un conflicto que data de la época de Juan Carlos Romero. En relación a ese conflicto, el fiscal de Estado contó: “El Estado cuando quitó esa concesión, comenzó a recaudar y ese es un número que en un momento hay que hacerlo, tarea que seguramente tendrá el Ministro de Economía, pero esta es una demanda que se hizo ante un tribunal internacional, e inicialmente se hizo por 25 millones de dólares hace unos años, y actualmente llegó a los 62 millones”.
Otra de las implicancias de las que opinó, en sus nuevas tareas como fiscal de Estado, es la estatización del servicio del agua, concretada por el exgobernador Juan Manuel Urtubey. «Hubo una decisión política de que un servicio tan esencial vuelva a la provincia, pero para eso hay que tener la capitalización correspondiente cuando vemos la delicada situación que atraviesa el país (…) hablo del tema agua y luz, pero en el caso del agua, la anterior empresa que tenía el servicio, también decidió hacer un juicio a la provincia tras la rescisión del contrato que hizo el anterior gobierno en su primera gestión, donde se adujo que no se había hecho la inversión acordada”.
El juicio de los brigadista de Guachipas también implicaría, en el marco de los juicios más importante, un gran costo al Estado salteño: «hay temas sensibles como el del caso de los brigadistas fallecidos en Guachipas, donde hasta ahora tenemos dos sentencias que hacen un total de unos 15 millones de pesos, y otro que viene de antes que está en el orden de los 6 millones de pesos”.