Pedro García Castiella parece mirar para otro lado en ciertos temas de interés general. Salta necesita un funcionario que no descuide sus obligaciones.
La figura del procurador de la provincia, encargada de velar por la legalidad y la defensa de los intereses públicos, se encuentra bajo la lupa debido a su ya visible incumplimiento de las funciones que le corresponden.
En lugar de actuar como un “guardián” del cumplimiento de la ley y un defensor de los derechos de los ciudadanos, Pedro García Castiella parece haber adoptado una actitud pasiva en muchos de los temas de interés de la ciudadanía, dejando pasar por alto numerosas irregularidades y situaciones que demandan una intervención decidida.
Un ejemplo es la reciente y aberrante denuncia de prostitución infantil en Güemes, a donde ofrecerían niñas a integrantes asiáticos de una minera para “satisfacer” sus deseos sexuales. El caso generó estupor en la ciudadanía y muchos habitantes, ante la inacción oficial, se mostraron desamparados.
En sus deberes y atribuciones, de acuerdo al artículo 166 de la Constitución Provincial, en su inciso 1°, el procurador debe “promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad”.
Además. El inciso 2° señala que el procurador debe “intervenir en toda causa judicial en que esté interesado el orden público”. El caso de Güemes pareciera requerir de la intervención de García Castiella.
También hubo una notoria inacción en el caso de estafas que involucraron a altos mandos policiales y que, hasta ahora, parecen haber quedado en la nada.
García Castiella, oportunamente, alertó sobre el avance del narcotráfico en el norte salteño. Más allá de que estos casos son de jurisprudencia nacional, no parecen haber acciones que tiendan a combatirlo.
Esta falta de acción no solo pone en duda la eficacia del sistema de justicia provincial, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones encargadas de proteger el orden y garantizar la transparencia.
En la provincia tenemos, además, un largo tendal de denuncias sobre posibles actos de corrupción, abuso de poder y otras irregularidades graves. Sin embargo, el procurador ha permanecido en silencio o ha dado respuestas insuficientes.
El rol del procurador es esencial para el funcionamiento del estado de derecho en la provincia. Por eso la necesidad de un funcionario que no descuide sus obligaciones. La ineficiencia en el cumplimiento de estas funciones podría tener consecuencias graves, permitiendo que la impunidad y la injusticia se instalen en la sociedad.
La provincia necesita un procurador que no solo sea un nombre, o un amigo, en un cargo, sino un verdadero defensor de la legalidad y el interés público.