El nuevo esquema de distribución se asemeja al que dispuso Urtubey cuando endeudó la Provincia en 350 millones de dólares para el “Fondo del Bicentenario”.
El Senado provincial se dispone a sancionar en definitiva el proyecto de reforma a la Ley de Regalías Mineras el próximo jueves. Como lo venimos señalando, se trata de un tema de real trascendencia sobre el cual se advierte la ausencia de un mensaje político claro por parte del oficialismo.
En un año tan complicado, la actividad minera fue una de las pocas que no sólo no se detuvo sino que consolidó un crecimiento y está lejos todavía de alcanzar su punto de desarrollo más alto en Salta.
En este contexto, la reforma de la Ley de Regalías Mineras, consolidando el techo del 3 por ciento del valor a boca de mina de la extracción en bruto (previo a cualquier proceso de transformación) y proponiendo un nuevo esquema de distribución, se presenta como una fuerte intervención central a un recurso que aunque sea marginal en torno a la riqueza de la actividad, es creciente.
Esto se interpreta claramente a partir de que la Provincia concentrará el 70 por ciento de las regalías con libre disponibilidad, mientras que los municipios productores tendrán una baja sumamente considerable porque pasarán a percibir el 11 por ciento desde 2021 y justo cuando la actividad comienza a crecer, se deja sin efecto el 50 por ciento actualmente vigente.
A eso se le suma que de lo percibido por concepto de Regalías Mineras, la Ley establece una inversión específica y determinada por fuera de gastos corrientes y como contraste, del 70 por ciento que dispondrá la Provincia, no hay especificaciones y podrá disponer discrecionalmente de esos recursos.
Esto último tiene una enorme similitud con lo ocurrido en 2016 con el Fondo del Bicentenario, cuando se endeudó a la Provincia por US$350 millones, en esa ocasión, el 20 por ciento se otorgó para los municipios y debían realizar una inversión acordada y controlada con los legisladores, mientras que del 80 por ciento restante, no había más que el laxo control posterior que aún adeuda la Auditoría.
A aquel Gobierno de Urtubey, el tercero y peor de sus tres mandatos, remite esta determinación que curiosamente, no tuvo en Daniel Moreno lo que en 2016 encontró con Mario Cuenca como Presidente del Foro de Intendentes: una postura crítica necesaria para el equilibrio del ejercicio del poder.
El tratamiento legislativo también fue pobre, en Diputados se sabe de los inconcebibles altercados que hubo cuando se debía conformar la comisión de minería con las rispideces públicas entre Mónica Juárez y Andrés Suriani. Curiosamente, ambos como pretendientes de la presidencia de la comisión, no realizaron ningún aporte al debate más que el silencio.
En el Senado, se marcó un compás de espera para alegar un atisbo de dignidad parlamentaria a través de la sanción de un Pedido de Informes (3/12/2020) sobre el impacto económico en los municipios y las proyecciones por los próximos cinco años. A la fecha no fue respondido y si bien podría ingresar este jueves, la bajada de línea ya partió desde el Grand Bourg para que el año se cierre con la sanción definitiva de la reforma.
La centralización de los recursos estratégicos, o el manejo de la caja, empieza a caracterizar al actual Gobierno. En tal sentido, no se debe desoír que se trata de recursos naturales no renovables sobre los que debe mostrarse una planificación en lo posible consensuada con los sectores intervinientes y el aval legislativo.
No es un dato menor que desde el sector privado advirtieron la premura por la modificación. Facundo Huidobro, vicepresidente de la Cámara de Minería y ejecutivo de la aurífera Mansfield, declaró públicamente que no fueron consultados. No es menor la observación porque se trata de un sector que recepciona el malestar social de quienes entienden el carácter extractivista de la explotación minera y que ello no se traduce en el desarrollo de regiones que no escapan a la media de pobreza y subdesarrollo de la Provincia en general.