El gobernador convocó a su tropa para ordenarle el apoyo a la polémica reforma que impulsan desde Casa Rosada. Sáenz dice que, a cambio, llegarán obras a la provincia.
Pese a lo perjudicial para las provincias que implica la reforma laboral libertaria, el gobernador Gustavo Sáenz reunió a los legisladores nacionales que le responden para bajarles línea y que acompañen al Gobierno nacional en su iniciativa. La reforma se empezará a tratar la semana próxima en el Congreso.
La senadora Flavia Royón y los diputados Pablo Outes, Bernardo Biella y la intrascendente Yolanda Vega acudieron al llamado del mandatario que, previamente, se había reunido con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli para cerrar el acuerdo. A cambio, supuestamente llegarían fondos para continuar con las obras públicas que había iniciado el gobierno anterior y que fueron suspendidas por la administración Javier Milei.
Lo extraño es que el gobierno libertario ya se había comprometido anteriormente a entregar esos fondos, pero nada de eso pasó. Ahora, sin ningún pudor, el gobierno vuelve a prometerle a Sáenz ese dinero, ante el entusiasmo de Sáenz.
La pregunta es por qué Sáenz vuelve a apoyar esta reforma que resultaría perjudicial no solo para los trabajadores salteños que dice representar, si no también para las arcas provinciales.
La reforma laboral tiene una “reforma impositiva encubierta” que preocupa a muchos de los gobernadores y parece no importarle al salteño. La eliminación de impuestos reducirá la masa de coparticipación que recibirán las 24 provincias. De acuerdo a un informe del diario Perfil, la provincia de Salta recibiría $69.338 millones menos.
A pesar de ello, Sáenz pidió a sus legisladores que acompañen la norma que impulsa Milei y abandona a todos los trabajadores salteños que dice representar.