La Provincia volvió a prorrogar una emergencia que lleva doce años. Las denuncias y las muertes violentas siguen mostrando que el problema está lejos de resolverse.
Salta volvió a hacer lo que viene haciendo desde hace doce años: declarar que la violencia de género es una emergencia y pedir un poco más de tiempo. La Cámara de Diputados aprobó una nueva prórroga por dos años de la emergencia pública en materia social por violencia de género, que fue sancionada originalmente en 2014 y ya acumula seis extensiones. La emergencia, que debía ser una herramienta excepcional para enfrentar una situación extraordinaria, terminó convertida en una suerte de régimen permanente.
El problema es que las cifras no acompañan semejante despliegue institucional. Durante 2025 se registraron 13.787 denuncias por violencia de género y más de 53 mil llamadas al 911 vinculadas con situaciones de violencia, según los datos expuestos durante el debate legislativo. Y el Registro Provincial de Femicidios y Muertes Violentas o Dudosas de Mujeres contabiliza 28 casos en 2025, 31 en 2024 y 35 en 2023. Para 2026, el registro ya acumula 12 casos al 8 de septiembre. No todos esos casos son necesariamente femicidios, porque el registro incluye muertes violentas y dudosas, pero el volumen alcanza para desmentir cualquier relato de normalización del problema.
Doce años después, la propia discusión legislativa terminó reconociendo aquello que debería haber quedado resuelto hace tiempo. La inefable diputada Laura Cartuccia, al defender la prórroga, advirtió que “no necesitamos un Estado que solamente reciba denuncias”, sino uno capaz de acompañar, prevenir, detectar situaciones de riesgo y coordinar sus recursos para proteger a las víctimas. La legisladora olvidó decir que ella integra ese mismo gobierno.
Y ahí aparece una de las contradicciones más llamativas de la gestión de Gustavo Sáenz. El mismo gobernador que en 2022 anunciaba con entusiasmo la creación de la Secretaría de las Mujeres, Géneros y Diversidad, con la promesa de “profundizar y ampliar” las políticas existentes, terminó dejando el área con rango de subsecretaría. La estructura que alguna vez fue presentada como una apuesta política para enfrentar una problemática que, según el propio Sáenz, golpeaba a Salta con “cifras dolorosas”, perdió jerarquía institucional.
Al frente quedó Julieta Valencia Donat, quien asumió en diciembre de 2025. Su designación tiene, además, una particularidad política que no debería pasar inadvertida: pocos meses antes de convertirse en funcionaria del Gobierno provincial se presentaba públicamente como una opción opositora al oficialismo de Sáenz y cuestionaba a los dirigentes que, según ella, se reciclaban de un cargo a otro. “¿Qué clase de oposición es esa?”, preguntaba entonces. La pregunta terminó teniendo una respuesta bastante más rápida de lo esperado.
Valencia Donat llegó al cargo hablando de prevención, erradicación de la violencia y una gestión “cercana e inclusiva”. El Gobierno, por su parte, destaca reuniones, convenios, capacitaciones y recorridas como parte de su agenda. El problema aparece cuando se mira más allá de la fotografía oficial: la emergencia continúa, las denuncias siguen siendo enormes y la provincia vuelve a necesitar otros dos años para hacer aquello que, en teoría, debía haber producido resultados durante los doce anteriores.
En paralelo, la comunicación de la funcionaria se volvió particularmente visible en redes sociales, con recorridas, reuniones, fotografías y publicaciones permanentes. No hay nada malo en comunicar una gestión; el problema aparece cuando la exposición comienza a ocupar el lugar que debería ocupar la política pública. De hecho, la propia comunicación oficial presenta a Valencia Donat como la responsable de una estructura cuya misión es erradicar las violencias por motivos de género.
Quizás el dato más elocuente no esté en una estadística de femicidios ni en la cantidad de denuncias. Está en la necesidad de seguir llamando “emergencia” a una situación que lleva doce años instalada en Salta. Una emergencia que dura tanto tiempo deja de ser una excepción y empieza a parecerse demasiado a una forma de administrar el problema.