Hay algo particularmente escandaloso en la nueva deuda que pretende tomar Sáenz: la Provincia sigue pagando un crédito cuyo destino original eran obras del denominado Plan del Bicentenario que, según fue denunciado en la Legislatura, no se concretaron como fueron anunciadas y cuyos fondos todavía esperan una explicación.
Ahora, en lugar de revisar qué ocurrió con aquel dinero, determinar responsabilidades y exigir que la Justicia avance sobre las irregularidades denunciadas, el Gobierno propone tomar hasta USD 150 millones para rollear los compromisos pendientes de aquella deuda.
Se toma deuda para hacer obras, las obras quedan inconclusas o directamente no se hacen, nadie termina de explicar qué ocurrió con los recursos, y unos años después se vuelve a pedir plata prestada para pagar la deuda que dejó aquella operación.
El crédito original fue contraído en 2016, durante el gobierno de Juan Manuel Urtubey, y posteriormente refinanciado en 2020, ya durante la primera gestión de Gustavo Sáenz, mediante la Ley provincial 8198. Ahora el Ejecutivo pretende volver a refinanciar esos compromisos mediante una nueva emisión de deuda por hasta USD 150 millones.
El expediente habla de cancelar los servicios pendientes del Plan Bicentenario. Qué pasó con las obras que debían hacerse con ese dinero, cuánto se gastó efectivamente, quién controló los recursos y por qué, si existieron incumplimientos, nadie terminó respondiendo por ellos.
Mientras esas preguntas siguen sin una respuesta satisfactoria, los salteños continúan pagando. Y ahora deberán seguir pagando, pero con una deuda nueva.
El diputado provincial José Gauffin, durante su intervención en la Cámara sostuvo:“se toma deuda para pagar un choreo enorme como lo fue el Fondo de Reparación Histórica. Responsabilidad de Sáenz y de la Justicia. Estamos tratando algo que están pagando los salteños, semejante cantidad de dólares, para obras que nunca se hicieron y no hay responsables. Todos miran para otro lado”.
Gauffin sostuvo que la Provincia debe cumplir sus obligaciones, pero cuestionó que la refinanciación se apruebe sin incorporar condiciones que protejan a las arcas públicas. Propuso que la nueva operación solamente pueda concretarse si las condiciones financieras resultan más beneficiosas que las del crédito vigente y si los fondos se destinan efectivamente a cancelar esa deuda. Sin esa garantía, advirtió, “estamos dando un cheque en blanco”.
El diputado también puso el foco en el Banco Macro, que podría ser designado como agente colocador de los nuevos títulos de deuda provincial. La entidad ya es agente financiero de la Provincia y volvería a participar de una operación por USD 150 millones.
Gauffin fue particularmente crítico con las tasas que, según señaló, el banco aplica a los empleados públicos. “El Banco Macro nos mata con las altas tasas de interés exorbitantes a todos los empleados de la Provincia. ¿Quién garantiza algo bueno? Si nos sacude a los empleados, ¿por qué no va a sacudir a la Provincia?”, cuestionó.