La reacción del poder frente a una noticia que no le gusta vuelve a poner en discusión el vínculo entre funcionarios y periodistas. En Salta, el debate sobre las cifras de suicidio expuso algo más profundo: el derecho de la sociedad a conocer, preguntar y cuestionar la gestión pública, aun cuando las respuestas resulten incómodas.
Por Rodolfo Ceballos *
En una democracia, la prensa cumple una función que excede la transmisión de noticias: produce información pública, fiscaliza el ejercicio del poder y ofrece un espacio para que circulen interpretaciones diferentes sobre los problemas comunes.
El funcionario democrático debe aceptar una asimetría fundamental: quien ocupa un cargo público está expuesto a ser examinado más que una persona privada. Esa exposición no es un castigo. Es una consecuencia de administrar recursos, ejercer autoridad y tomar decisiones en nombre de la comunidad. La crítica, incluso cuando es severa, forma parte del mandato de control que acompaña al ejercicio del poder.
Recientemente, en Salta, las opiniones negativas hacia la prensa de dos altos funcionarios del gobierno, en el contexto del mes internacional para la prevención del suicidio, dejaron escuchar sus ácidas críticas contra cinco diarios web con cientos de lectores y una radio con una audiencia considerable.
La queja fue doble para esos seis medios: una, la estigmatización de los periodistas con juicios ad hominem intentando cambiar el eje de la cuestión que era por qué Salta registró una alta tasa de suicidios, y otra, exhibir una enorme incomodidad por el tratamiento informativo del asunto. Cabe aclarar que los datos que no gustaron fueron publicados por el Ministerio de Seguridad de la Nación y estaban establecidos para las 24 provincias argentinas. Por esas horas, también se había publicado una información crítica sobre el equipo de apoyo a los que perdieron sus familiares y allegados en los eventos suicidas. Fue rechazado el tratamiento periodístico y el organismo oficial dio todas las precisiones del caso.
Por estas informaciones, los funcionarios salteños usaron formas simbólicas de descalificación a los periodistas y bajaron el nivel del debate público sobre la alta tasa de suicidio en la provincia durante 2025.
En mitad de la filípica a la prensa hubo un anuncio esperado por la comunidad: la tasa de suicidio, en el primer semestre del 2026, comparada con la del mismo semestre del 2025, registró una considerable baja. Pero esa buena noticia, por el contexto de confrontación usado por uno de los funcionarios para comunicarla, no tuvo ninguna trascendencia ni repercusión, aunque sí la tiene. En otro momento de serenidad republicana deberían volver a explicar el logro que marca una tendencia positiva.
¿La respuesta de un gobierno frente a una información que no considera de su agrado consiste en aportar datos y argumentos, o en confrontar o señalar y deslegitimar a quienes informan? Cuando la noticia no es la deseada, no hace falta alterar el entorno de libertad en el que la prensa trabaja.
Las actividades de quienes administran el Estado están directamente vinculadas al interés de toda la sociedad. La prensa actúa como un canal indispensable para que la sociedad conozca y fiscalice la gestión pública.
Los funcionarios han decidido voluntariamente ocupar un cargo público y exponerse a la mirada de todos y al debate democrático. A diferencia de un ciudadano común, los funcionarios disponen de canales institucionales y un acceso fluido a los medios de comunicación para brindar explicaciones, desmentir información o aclarar sus actos.
Los funcionarios deben saber usar su derecho de respuesta, demostrar que están educados en la rendición de cuentas y que saben transmitir con asertividad la información disponible. Están obligados a poseer el manejo del arte de la gobernanza que acierta en su comunicación y tener la templanza personal necesaria ante un escrutinio negativo de los periodistas.
La prensa independiente, pero no neutral, frente a temas de dominio público, no está para cuidar la comodidad del poder, sino para proteger el derecho de la sociedad a saber y a juzgar.
La libertad de prensa, en definitiva, no es un obstáculo para la gobernabilidad: es uno de los límites que hacen que la gobernabilidad siga siendo democrática. (Gentileza:Gente de Salta)
*Periodista especializado en temas psicosociales