Se aprobó el Proyecto de Ley de la Senadora Alejandra Navarro, por el cual los conductores de vehículos que infrinjan la Ley Provincial 7846, que ocasionaran y sufrieran un accidente de tránsito, y no cuenten con la cobertura de una obra social o prepaga, deberán hacerse cargo de los costos económicos para la atención correspondiente en los efectores de salud pública de la provincia de Salta.
Cada persona que es atendida en el sistema público luego de un siniestro vial ocasionado por un automovilista en estado de ebriedad, le cuesta al Estado alrededor de 10 millones de pesos.
El proyecto aprobado pasó a la Cámara de Diputados y será tratado el próximos martes en la legislatura salteña.