«Encontramos facturas y pagos duplicadas, personas que no tenían capacidad y que tenían millonarios embargos, por lo que no podían ser contratadas. También hubo fundaciones en el medio», declaró Mariano San Millán, Auditor General de la Provincia.
El análisis corresponde a la Municipalidad y la Cooperadora Asistencial entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2019.
En la mira están el intendente Solís y el senador provincial Javier Mónico, secretario de Gobierno de la Municipalidad en el período auditado.
El voluminoso informe de 900 fojas muestra cómo se realizaron maniobras para sacar fondos públicos.
El estudio, habla de irregularidades con respecto a personas físicas y jurídicas. Con respecto a la primera, se detectaron incompatibilidades como emisión de facturas apócrifas, falta de inscripción en IVA, Ganancias; sin registrar alta como empleador, calificación como contribuyente de alto riesgo en la DGR.
Con relación a las personas jurídicas, detectaron precariedad e insolvencia de la situación patrimonial económica y financiera, sin estados contables, falta en los inventarios patrimoniales de maquinaria y elementos para la realización de obras.
Por otra parte, la investigación avanzó en relación al Programa Salta Solidaria, donde detectaron también irregularidades en el manejo de fondos públicos para la ayuda social.
Se presume con la información provista por la Auditoría, que la Municipalidad de Rosario de la Frontera realizó contrataciones directas o parcializando compras para evitar llamados a licitación.