El abogado Luciano Romano, representante de Guadalupe Moreno Mangioli, indicó que existen dos causas surgidas tras las múltiples denuncias de la joven y expuso las dilaciones de los informes para demorar el trámite de una causa que aún no tiene imputados.
En radio Infinito, Luciano Romano precisó detalles técnicos de las denuncias de Guadalupe, en las que se señalan hechos aberrantes en los que tras requerir auxilio al Estado por el martirio que le hicieron vivir sus progenitores, terminó siendo violentada también estando bajo custodia institucional.
“Guadalupe radicó denuncias en su momento, se abrieron dos actuaciones distintas, en primer término, denunció a sus progenitores por abusar sexualmente de ella y luego haberla prostituido”, indicó el letrado y precisó que la segunda actuación tiene que ver con todo lo vivido en los hogares transitorios.
Recordó que a raíz de la denuncia por abusos en contexto familiar, “el Estado la resguarda en hogares transitorios”, pero “se supone que los organismos tienden a sacar a la persona vulnerable de un entorno para pasarla a uno adecuado y protegerla, sin embargo, pasó que se la sacó de un infierno y pasó a uno peor”.
“Ella salió de su hogar en busca de un resguardo y lamentablemente cuando pasa a un dispositivo empieza un nuevo calvario, por lo que también hace las denuncias a los encargados de esos hogares, porque son los responsables que tendrían que haber velado por su integridad”, indicó.
PARALIZACIÓN JUDICIAL
“La causa por abuso contra sus progenitores estuvo paralizada por los cambios de fiscales, en su momento notamos irregularidades en relación a los informes, por eso hemos pedido que se realicen nuevos informes sociales y psicológicos y se pudieron admitir los indicadores de abuso sexual, dándole una mayor credibilidad a lo relatado”, indicó Romano.
El abogado señaló que en casos de denuncias por abuso, hay un problema complejo, el tiempo que le lleva a la víctima relatar los hechos traumáticos, ya que “en ese tiempo se pierden pruebas”. “El temor más grande que tienen las víctimas de buso sexual es el miedo a que no le crean. No es fácil para aquellas personas que han vivido estos hechos”, añadió.
A esa situación se le suma otra, el empeño por obstaculizar el correcto accionar judicial por parte de funcionarios públicos.
“Al atacar organismos es complicado que la justicia reconozca estas falencias, porque sería reconocer que, en un dispositivo o un hogar transitorio, que es el resguardo de una persona que ha vivenciado circunstancias traumáticas en su contexto familiar, pero pase lo mismo, entonces se reconoce la responsabilidad del delito, surge la responsabilidad del Estado y lamentablemente se tapa todo”, remarcó Romano.
En relación a la vivienda de barrio El Huayco, lugar donde se practicaba explotación sexual y eventualmente abusos de menores, con pleno aval de funcionarios públicos y de la policía, el abogado señaló que la denunciante (Guadalupe), puso en conocimiento a la justicia en su denuncia “especificando cada momento que pasó en cada uno de los hogares y lo que pudo ver”.
AMENAZAS E IMPUTACIONES
Romano aseguró que se puso en conocimiento en sede judicial lo advertido por Guadalupe. “Al momento de mover la investigación, ha recibido mensajes por redes sociales y llamadas telefónicas”, indicó el letrado y confirmó que ello también fue denunciado.
Señaló que Guadalupe “no sólo quiere que se dé a conocer lo que ella ha vivido sino evitar que vuelva a suceder”, ya que existen antecedentes de abusos y maltratos en los hogares.
En ese marco, consideró que “difícilmente muchas personas se animen a contar, lo que está haciendo Moreno Mangioli es muy valorable porque motiva a aquellos que vivieron circunstancias similares”.
En relación a avances concretos de las causas judiciales, se mostró prudente al vaticinar que el trámite va a demorar “porque no sólo pasó mucho tiempo, sino porque cuando se pide informes a organismos estatales, dilatan mucho y se pierde tiempo, pero tenemos la expectativa de que antes de fin de año se cuente con imputados, para darle continuidad a la causa”.
En tanto, advirtió que los progenitores de Guadalupe, denunciados hace más de tres años, tampoco están imputados, pero reconoció que “ya llegaron los últimos informes solicitados y vamos a solicitar la audiencia de imputación”.
Aberrante impunidad en Salta | Abusos, violencia, explotación sexual y negligencia estatal