El ministro de Gobierno y Justicia respondió a las objeciones por la cobertura de cargos en la Corte de Justicia y dio por cerrado el debate.
El Ministerio de Gobierno y Justicia de Salta salió a blindar el procedimiento participativo para la designación de jueces de la Corte de Justicia provincial. Lo hizo a través de una nota firmada por el ministro Ignacio Jarsún, en la que descarta de plano cualquier incumplimiento legal y valida cada paso del proceso cuestionado por legisladores y dirigentes.
El escrito responde a una presentación realizada por el diputado provincial José Gauffin, junto a David San Román y Fabrizio Dell’Acqua, quienes habían formulado observaciones sobre el mecanismo previsto para cubrir las vacantes en el máximo tribunal provincial. La respuesta oficial no deja márgenes: el procedimiento “se ajusta plenamente” a la Ley Provincial N° 8311 y a su normativa complementaria.
Uno de los puntos más sensibles del planteo tenía que ver con la publicidad de los antecedentes de los postulantes. Allí, el Ministerio aclara que la normativa vigente no obliga a publicar la totalidad del respaldo documental, ni exige su reproducción íntegra en medios oficiales o periodísticos. Según el criterio adoptado, alcanza con la difusión de un resumen curricular, mientras que el resto de la documentación queda “debidamente resguardada” en el expediente administrativo.
Para despejar cuestionamientos sobre el acceso a la información pública, el documento remarca que toda la documentación respaldatoria está disponible para consulta, aunque bajo un formato poco masivo: quienes deseen verla deberán acercarse personalmente a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en el Centro Cívico Grand Bourg, siguiendo los canales legalmente establecidos.
En el tramo final, Jarsún afirma que no se advierte incumplimiento alguno que afecte la validez del procedimiento participativo, ni fundamentos jurídicos que habiliten la suspensión, reinicio o modificación de los plazos. Según el Ministerio. “todo fue correctamente establecido y ejecutado conforme a la ley”.
De esta manera el Gobierno provincial dio por concluida la discusión administrativa y dejó fijada su postura: el proceso sigue, las críticas no alteran nada y las reglas interpretadas por el propio Ejecutivo se consideran cumplidas. El resto queda en manos de quienes estén dispuestos a ir a buscar los papeles.
Es necesario recordar que Sáenz busca designar a Martín Plaza y a Martín Diez Villa, dos amigos personales, como jueces para cubrir las dos vacantes que hoy hay en la Corte de Justicia. Se vienen decisiones importantes en lo político y el gobernador espera tener un tribunal amigo para cuando lleguen esos momentos.