A raíz de un anuncio del Instituto Provincial de la Vivienda, se confirmó que se les sacaría la posesión de una serie de viviendas sociales a personas que no las habitan o que tienen retraso en algunas de las cuotas. Se vuelve a poner en el foco de las críticas el proceso de adjudicaciones.
Es común escuchar a muchas personas decir que están hace años inscriptas en el IPV y que nunca se les hace entrega de una vivienda social, mientras florecen los casos de personas que ya son propietarias de otras viviendas y que resultan milagrosamente sorteados. A raíz de ello, el IPV comenzó un proceso de revisión de ciertas viviendas, que habían sido denunciadas como inhabitadas por algunos vecinos.
Hoy fue el turno de una pareja que poseía una casa en zona norte. Un matrimonio había pedido que se declare la nulidad del procedimiento y el inmediato restablecimiento de la tenencia precaria del inmueble, pero el juez de la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Marcelo Domínguez, rechazó el amparo interpuesto.
El magistrado resolvió que el amparo no corresponde en este caso porque los adjudicatarios aceptaron las condiciones y obligación de habitar la vivienda, cuando la recibieron. Además, hubo distintas inspecciones del IPV, y en todas se concluyó sobre la ausencia de la familia y, más aún, sobre la falta de muebles y ausencia de consumo de servicios indispensables como agua, luz y gas.
El 6 de junio de este año, el diario El Tribuno en su versión papel publicó un informe sobre la cantidad de casas que están en proceso de desadjudicación, ya sea por mora o porque no fueron habitadas. En el IPV hay unos 760 expedientes. A fines de mayo, la Corte de Justicia de Salta confirmó la quita de una vivienda social a una familia, en Los Ceibos. En el último tiempo, se agilizaron los tiempos de quita de viviendas, que se dieron en todos los puntos de la Ciudad de Salta.
Como requisito fundamental, quienes resultan adjudicatarios de una vivienda social, tras cumplir una serie de requisitos iniciales, deben obligatoriamente y en un lapso menor a dos meses, habitar las viviendas, y comenzar con el pago de impuestos de la misma. De lo contrario, la casa puede ser quitada por el mismo organismo que la entregó.