Luego de ocho meses se levantó el asentamiento de la zona sur de Salta Capital, se alcanzó un acuerdo para que las 346 familias abandonen el predio. La temporada de lluvias había hecho más insostenible la precariedad de los habitáculos.
Más alá de que la situación puntual de las familias que abandonaron la ocupación siga siendo parte del grave déficit habitacional de Salta, es muy importante que haya prevalecido el diálogo y no el uso de la fuerza como método de resolución de conflicto.
El primer punto en el que cedió el Gobierno fue trascendental, quienes acamparon ocho meses en el lugar no estarán excluidos en los futuros sorteos de planes de loteos que se dispongan. Esto es muy importante porque conserva cierta coherencia si se tiene en cuenta que el gobernador Gustavo Sáenz denunció instigación de organizaciones políticas para fagocitar las ocupaciones, en consecuencia, con la amenaza de represalias y exclusiones a las familias, se estaba castigando a los instigados y no a los supuestos instigadores.
Más allá de esto, la resolución del conflicto plantea como urgente que el Plan Mi Lote, lanzado en junio, comience a tomar vigor y forma en toda la Provincia ya que hasta el momento pocas definiciones hay al respecto.
Funcionarios de la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado y mediadores de la Secretaría de Justicia, encabezaron durante casi un mes las negociaciones con los delegados del asentamiento, tras lo cual se firmó un acuerdo que establece además de lo señalado, convenios individuales tales como materiales de construcción para quienes vivían en casas de familiares, asistencia alimentaria y asesoramiento jurídico.
El déficit habitacional de Salta, calculado en más de 70 mil viviendas, obligan a una respuesta diligente y eficaz, pero sobre todo a un plan que no admite postergaciones.
