La adhesión a la ley nacional 26.928 podría concretarse en los próximos días. Se trata de una decisión política.
A cinco años de su reglamentación, pero no implementación, esta ley es una deuda pendiente del gobierno salteño para con el núcleo de trasplantados y/o pacientes en listas de espera. En este contexto, un grupo de trasplantados del departamento General Güemes, estuvieron en contacto con el senador que los representa y le solicitaron que avance con la implementación de la ley.
«Junto a los miembros de la comisión de salud y senadores hicimos una declaración y la conformación de un comité para realizar una campaña para la reglamentación de esta ley, que la debe hacer el Poder Ejecutivo», señaló el senador güemense provincial Carlos Kety Rosso en un programa radial.
Rosso señaló, como paradoja de la vida, que «cuando el senado adhirió a la ley nacional, Gustavo Sáenz era parte de la Cámara Alta, por eso hicimos ese proyecto de declaración pidiendo al Ejecutivo que reglamente la ley». Además indicó que el IPS no le brinda a los pacientes el 100% de cobertura.
«El Régimen de Protección Integral para Personas Trasplantadas creado por la Ley Nº 26.928 y puesto en vigencia por el decreto reglamentario Nº 2266, busca asegurar la plena integración familiar y social de las personas trasplantadas o en lista de espera, reconociendo sus derechos y necesidades específicas», indica la web del Gobierno Nacional. Esta ley fue sancionada en 2013 y Salta adhirió a la misma dos años después.
A través de la ley 7.908, la provinica se acopló a la ley nacional, con la plena intención de «promover la integración familiar y social de este grupo de riesgo, mediante la atención de la salud, educación, inserción laboral y seguridad social de las personas que hayan recibido un trasplante o se encuentren en lista de espera».