Ramón Corregidor, integrante del Comité contra la Tortura, entrevistado en el programa «De eso se trata» en radio Infinito 96.5, informó que 32 personas están bajo observación sanitaria en la alcaldía de Salta, aunque aclaró que no se había confirmado ningún caso de tuberculosis. También denunció hacinamiento, falta de presupuesto para el comité y ausencia de diálogo con el Gobierno. El comité prevé presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La observación sanitaria significa que se hace seguimiento a personas ante una posible enfermedad, pero no equivale a un diagnóstico confirmado. Corregidor afirmó que el comité había presentado una nota al área de salud y que el personal penitenciario solicitó barbijos, alcohol y otros elementos sanitarios.
El entrevistado también señaló que las condiciones de hacinamiento aumentan la preocupación por la salud de las personas detenidas y del personal. La tuberculosis puede transmitirse por el aire, especialmente en espacios cerrados y concurridos.
Hacinamiento y falta de recursos en la alcaldía
Corregidor sostuvo que la sobrepoblación en la alcaldía habría pasado de 400 a 600 personas. No precisó el periodo de ese aumento ni la capacidad oficial del establecimiento. El entrevistado describió una situación de hacinamiento y cuestionó la falta de medidas rápidas para responder a las necesidades sanitarias.
En la entrevista, el representante del comité resumió la situación institucional con una frase: “No tenemos diálogo con el gobierno”. También afirmó que el organismo trabaja con recursos limitados y que actualmente cuenta con dos comisionados.
Corregidor dijo que el comité no había recibido presupuesto durante cuatro años y que esperaba entrar en un quinto año sin financiamiento. Según explicó, la falta de recursos limita las tareas de supervisión y las posibilidades de contar con personal especializado.
Qué medidas reclama el comité por la tuberculosis en cárceles de Salta
El comité, según Corregidor, había solicitado elementos de protección para el personal que trabaja en contacto con las personas detenidas. El entrevistado indicó que las autoridades del Servicio Penitenciario tendrían que gestionar esos insumos y expresó su esperanza de que llegaran en el corto plazo.
Corregidor atribuyó la demora a una falta de voluntad política del Gobierno. También cuestionó que el comité no tenga poder para imponer medidas, pese a que puede hacer recomendaciones.
El entrevistado reconoció avances anteriores en la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario. Mencionó la puesta en marcha de un consultorio externo y la apertura de módulos para personas detenidas. Según Corregidor, esas mejoras fueron resultado de gestiones sostenidas y del trabajo conjunto con otras instituciones.
Sin embargo, afirmó que el diálogo de trabajo que había permitido impulsar algunas medidas se interrumpió. “Estamos trabajando en muy malas condiciones, condiciones precarias”, dijo al describir la situación del comité.
Denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corregidor anunció que el comité prepara una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que recibe denuncias y analiza presuntas vulneraciones de derechos humanos. También indicó que el comité convocaría una conferencia de prensa, aunque no precisó una fecha durante la entrevista.
La posible denuncia se relaciona, según explicó, con las condiciones de detención, la falta de recursos y las dificultades para supervisar los establecimientos. Corregidor sostuvo que las personas detenidas conservan derechos, incluidos los vinculados con la salud y la educación, y recordó que Argentina ha asumido compromisos internacionales en esa materia.
El entrevistado también cuestionó el uso de la prisión preventiva y las decisiones que, a su juicio, pueden contribuir a la sobrepoblación. Como ejemplo, mencionó casos de condenas breves y propuso revisar alternativas a la cárcel para delitos menores, sin entrar en detalles de expedientes concretos.