Una jubilada de 75 años recibirá $1.550.000 del Banco Provincia después de ser víctima de una estafa virtual. La maniobra arrancó con una publicidad falsa en TikTok que ofrecía descuentos en combustible.
La Justicia consideró que el banco falló en su deber de protección. No activó alertas de seguridad pese a que la operación fraudulenta era completamente atípica para el perfil de movimientos de la clienta.
El Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 3 del Departamento Judicial Junín condenó a la entidad a pagar dos montos diferenciados. Por un lado, $550.000 corresponden al dinero robado durante la estafa. Por otro, $1.000.000 en concepto de daño moral por la angustia y el desgaste emocional que sufrió la mujer.
Cómo empezó la estafa por TikTok que le vació la cuenta
Todo sucedió el 29 de abril de 2025. Ese día, la jubilada navegaba por TikTok cuando vio una publicidad atractiva. La promoción prometía descuentos especiales para jubilados en estaciones de servicio.
La víctima hizo click en el anuncio y poco después recibió una videollamada por WhatsApp. Del otro lado, una persona afirmó representar a la empresa petrolera y mediante un engaño telefónico logró acceder a sus credenciales bancarias.
Los delincuentes actuaron rápido. A través de Cuenta DNI realizaron una transferencia de $550.000 hacia la cuenta de un tercero desconocido.
La mujer presentó una denuncia penal de inmediato. También hizo un reclamo administrativo ante el Banco Provincia. Como la entidad rechazó su pedido de reintegro, inició una demanda judicial por daños y perjuicios.
Qué argumentó el banco y por qué la Justicia lo condenó
Durante el juicio, el Banco Provincia sostuvo que no hubo fallas en sus sistemas de seguridad. Argumentó que la operación fue posible porque la propia clienta entregó voluntariamente sus credenciales durante el engaño telefónico.
La entidad también alegó que la transferencia se efectuó desde el dispositivo habitual de la usuaria y mediante validación biométrica. Según su postura, esto demostraba que el sistema funcionó correctamente.
Para el banco, la responsabilidad recaía exclusivamente en la jubilada por haber caído en la trampa de los estafadores.
El magistrado rechazó la defensa del banco. En la sentencia, sostuvo que la entidad no logró demostrar que la conducta de la clienta hubiera sido suficiente para excluir su responsabilidad como prestadora del servicio financiero.
Uno de los puntos centrales del fallo fue la naturaleza atípica de la operación. Los movimientos habituales de la cuenta durante ese mes no habían superado los $100.000. La transferencia de $550.000 representaba más de cinco veces el monto promedio de sus transacciones.
Por ese motivo, el juez consideró que la entidad debió activar alertas de seguridad, aplicar mecanismos de autenticación reforzada o verificar la operación antes de autorizarla, en lugar de permitir que se concretara sin controles adicionales que pudieran frenar la maniobra fraudulenta.
El fallo también destacó información pública de Cuenta DNI. La aplicación solo puede estar instalada en un teléfono a la vez. Además, utiliza reconocimiento facial validado por el RENAPER.
La jubilada sufrió otro fraude el mismo día
El caso se agravó porque la mujer fue víctima de una segunda estafa bancaria en la misma jornada. Los delincuentes actuaron también contra otra entidad financiera donde tenía cuenta.
Según la sentencia, obtuvieron un préstamo por $3,6 millones a nombre de la jubilada. Realizaron varias transferencias a cuentas de terceros. Una de ellas fue enviada exactamente a la misma cuenta que recibió los $550.000 transferidos desde el Banco Provincia.
Para el juez, esa circunstancia reforzó la conclusión de que la mujer había sido víctima de una maniobra coordinada de phishing. También evidenció que el banco no había brindado un sistema de seguridad adecuado para operar de manera digital.
El fallo hizo especial énfasis en la condición de vulnerabilidad de la víctima. La mujer integra un grupo especialmente protegido por su condición de persona mayor y consumidora hipervulnerable.
La sentencia recordó que los bancos tienen una responsabilidad agravada cuando prestan servicios a adultos mayores, quienes enfrentan mayores dificultades para comprender y operar plataformas digitales, y por lo tanto merecen controles de seguridad reforzados que les garanticen un uso seguro de sus cuentas.
Esta protección especial se traduce en una exigencia mayor para las entidades financieras. Deben implementar mecanismos de prevención más estrictos cuando detectan operaciones atípicas en cuentas de personas mayores.
La indemnización por daño moral reconoció la angustia y la incertidumbre que sufrió la jubilada. No solo por el fraude en sí, sino también por la falta de respuesta favorable del banco ante sus reclamos. /IPROFESIONAL