Luego del amparo por contaminación, presentado por vecinos de barrios aledaños al predio de disposición final de la basura, se alcanzó un acuerdo para que finalmente comience a funcionar la cuarta trinchera. Sin embargo, la ejecución de lo pactado reviste una delicada complejidad.
Antes de la feria judicial de invierno se desarrolló la última audiencia conciliatoria, tras la cual se convino la habilitación de la cuarta trinchera del Vertedero San Javier, en vistas de que todos coincidieron que esto último fue el objeto del amparo. En efecto, se dejó en claro que no hay excusas de índole administrativa por parte de la Municipalidad de Salta y menos aún de la empresa Agrotécnica Fueguina, que está a cargo de la recolección y disposición final de la basura.
Uno de los puntos en cuestión, relacionado estrictamente a lo ambiental, fue la exigencia de una geomembrana para evitar que los lixiviados contaminen las napas freáticas. Este aspecto fue ampliamente debatido durante más de cuatro años, a pesar de que ese requisito formó parte del pliego de condiciones en la renovación del contrato de concesión. La discusión, administrativa y judicial, arrancó durante la intendencia de Gustavo Sáenz y en los últimos meses de la gestión de Bettina Romero, pareciera estar llegando a su fin.
Lo acordado en la audiencia judicial, que fue presidida por la jueza de Minas, Victoria Mosmann, establece que la Municipalidad deberá presentar un plan hasta el día 24 de Julio de 2.023, para fijar fecha de la puesta en funcionamiento la Trinchera 4 en un plazo perentorio. El Gobierno municipal justificó el retraso por la ausencia de Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), condición indispensable debido al alto impacto de la actividad en cuestión. La amparista y exconcejal Jorgelina Franco, indicó que la Trinchera I tampoco tiene CAAM, ni lo va a tener porque la altura que alcanzó el cerro de basura, es ilegal. Ésta realidad representa una flagrante violación de las normas ambientales por parte de la empresa, que es destinataria del mayor contrato de concesión de la Provincia. Recordemos que en diciembre de 2022, el pago mensual por el Servicio de Higiene Urbana, superaba los $372 millones y que ese monto se actualiza periódicamente.
El aspecto social
Una de las cuestiones más delicadas para la habilitación de la cuarta trinchera pasa por la cuestión social. Ocurre que un número indefinido de personas (varias decenas) en situación de indigencia, marginalidad y vulnerabilidad social extrema, no sólo ingresan sino que hasta permanecen en el predio y ello representa además de un severo problema a resolver, una preocupación para el ámbito de la Seguridad.
En la audiencia judicial, se planteó como imprescindible la intervención de la Secretaría de Seguridad de la Provincia ya que serían necesarios varios meses de custodia policial severa para evitar el ingreso y permanencia de personas al predio.
Como se observa, detrás de un problema ambiental, administrativo y judicial, aflora una desoladora realidad social, protagonizada por personas que no solo están en condición de indigencia extrema, sino además de marginalidad. En el año 1996, para justificar despidos masivos de la administración pública provincial, se introdujo el término de “excedentes”. En 2023, en el basural San Javier, un grupo preocupante de personas, parecieran estar representando de modo descarnado ese término. La política deberá asumir la tarea de resolver esta situación. (P.R.A)