La fiscal interviniente promovía una pena de hasta 20 años para la mujer que perdió sus hijos de manera trágica. El ensañamiento hacia una mujer pobre que carga con un calvario de por vida, parece ser el modus operandi del sistema judicial salteño.
A pocos días de cumplirse cuatro años del incendio en la precaria vivienda de Yolanda Vargas en el que murieron entre las llamas Melani y Thiago, sus hijos de seis y cuatro años, se conoció la decisión judicial de su sobreseimiento.
Previo a ello, el lunes 3 de febrero, cuando debía comenzar el juicio en su contra, el Poder Judicial tomó la determinación de suspender por tiempo indeterminado esa instancia, a raíz de un informe psicológico que daba cuenta que Yolanda no estaba preparada para afrontar ese proceso.
Fue necesario que se venzan los plazos y que, durante cuatro años, Yolanda cargue con un doble pesar, el de la pérdida de sus hijos y esa suerte de ‘espada de Damocles’ de estar imputada por un delito grave como el de abandono de personas seguido de muertes y agravado por el vínculo, cuya pena ronda entre los seis y los 20 años.
Desde el inicio de las actuaciones, el sistema judicial procedió con un injustificado ensañamiento, a las pocas horas de producido el trágico hecho que conmocionó al pueblo de Colonia Santa Rosa, la fiscal penal de Orán, Claudia María Cecilia Carreras, emprendió una verdadera cruzada punitiva contra una madre con el alma desgarrada por el desconsuelo y buscó una severa figura penal para imputarla.
No es la única funcionaria judicial que incurrió en un reprochable accionar, también el cuestionado juez Francisco Oyarzú hizo lo propio y casi sin secar sus lágrimas estando aún en estado de shock, Yolanda estaba tras las rejas y permaneció cerca de un mes en esa condición, no permitiéndole acercarse un último adiós a sus hijos.
“Ahora realmente voy a poder hacer el duelo”, declaró Yolanda Vargas, dejando en evidencia que durante los últimos cuatro años, sufrió un asedio malicioso por parte del mismo sistema judicial que criminaliza la pobreza y se ensaña con los humildes, como sucedió con Santos Clemente Vera.
De hecho, el accionar de la fiscal, que podría ser denunciada ante el Jury de Enjuiciamiento, se centró sobre la mujer y no sobre las causas del incendio. La mujer hizo una asombrosa revelación en relación a que el origen del incendio no habría sido un cortocircuito sino una falla en la red eléctrica, es decir que la responsabilidad primaria sería de la empresa Edesa.
En una funcionaria judicial como Carreras, con una concepción punitiva como principio, por supuesto que es más sencillo acusar a una madre con múltiples precariedades antes que a una empresa prestataria. Tampoco buscó investigar la responsabilidad del progenitor.
El sobreseimiento dispuesto por el juez Aldo Primucci, se basa en la condición de “madre-víctima” de Yolanda, algo que al Poder Judicial le demandó cuatro años para comprenderlo.
“Resultaría injusto, toda vez que, cualquier culpabilidad o penalidad que se le pretenda endilgar a la acusada, resulta una nimiedad, en relación a la pena perpetua impuesta por la naturaleza”, indica la resolución judicial, en la que se tiene en cuenta “la ultra pretensión estatal de persecución deviene irracional e inhumana, toda vez que no sería útil ni necesaria la aplicación de una pena a quien ya ha sufrido tan grave daño por el hecho”.
Las admisiones que fundamentan la decisión judicial, aunque parezcan valientes, no dejan de lado el concepto de penalidad, es decir que sostienen la culpabilidad de la mujer, pero entienden que ya tiene una pena suficiente con la muerte de sus hijos.
A pesar de esto último, es claro que el punitivismo del Poder, recibió un duro golpe con la enérgica campaña de organizaciones y personalidades, por lo que el sistema judicial salteño buscó evitar otro escándalo nacional.