El Tribunal Electoral de Salta ha oficiado como “agente de marketing” del cuestionado sistema que, luego del escándalo de las PASO y de las denuncias, no se utilizará en las elecciones generales de CABA.
Además, se trata de un mecanismo por demás costoso para una de las provincias más pobres del país. Según se indicó en la última sesión de Diputados de Salta, demandó un monto de $2.200 millones.
Una publicación del portal “Noticias Iruya”, aporta un enfoque ineludible respecto al voto electrónico y de la reacción que se espera de la dirigencia política provincial:
La decisión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires de no utilizar el voto electrónico en las próximas elecciones de octubre, después del escándalo propiciado por esta discutible herramienta en las PASO del 13 de agosto, no puede ser ignorada de ningún modo por el gobierno salteño.
Los problemas que para la transparencia del proceso electoral plantea la utilización de cartones con chip RFID no se han podido corregir ni superar en más de diez años de utilización del voto electrónico en Salta, en donde sin embargo, contra toda evidencia, el gobierno sigue empecinado en utilizar esta herramienta y sigue exaltando sus bondades jamás demostradas.
Lo que ha quedado claro después del 13 de agosto pasado, sobre todo con la preocupación expresada por la Cámara Nacional Electoral, no es que el voto electrónico es débil, opaco, inverificable y potencialmente dañino del secreto del sufragio (problemas muy conocidos), sino que los electores porteños son más exigentes, están más atentos y son mucho más celosos de sus derechos cívicos que los salteños, que se aguantan cualquier cosa y que apenas protestan.
Entre las cosas que los salteños toleran con inusitada alegría se debe contar las cuestionables operaciones del Tribunal Electoral provincial, el órgano que organiza las elecciones y el que, al mismo tiempo, juzga su validez (algo pocas veces visto en el mundo) y que niega además que sus decisiones puedan ser revisadas por un tribunal ordinario de justicia.
A diferencia de la Cámara Nacional Electoral -que no organiza las elecciones- el Tribunal Electoral salteño no ha puesto en duda jamás en diez años al voto electrónico. Al contrario, durante todo este tiempo los jueces que lo integran y sus secretarios, sorprendentemente convertidos en promotores comerciales de la herramienta, no han hecho otra cosa que alabar sus bondades.
Lo han hecho a pesar de que las sospechas sobre su alarmante vulnerabilidad, la complejidad de su manejo y las desconfianzas que despierta a la hora de componer el voto, de imprimirlo en la tarjeta y en el chip y de contarlo de forma automatizada, se conocieron desde el principio y fueron denunciadas en el mismo momento en el que el gobierno de Juan Manuel Urtubey, sin que ningún partido político lo pidiera, decidió cambiar el sistema de votación que durante casi un siglo utilizaron los salteños sin apenas cuestionamientos.
La Provincia de Salta se ha gastado auténticas fortunas (y sin ningún tipo de control) en el alquiler de las máquinas, en sueldos de «técnicos» y «entendidos» y en «capacitaciones» sin las cuales, al parecer, el voto electrónico no puede funcionar. Ningún gasto de esta naturaleza demanda el voto de papel y sobre, que es mucho más seguro, no solo por ser más simple, sino por ser el que mejor garantiza el secreto del sufragio y la transparencia global del proceso.
No basta ya con que Salta suprima el voto electrónico, como lo ha hecho la ciudad de Buenos Aires. Es necesario que se investiguen a fondo las responsabilidades políticas y jurídicas de las personas que intervinieron activamente en su contratación y mantenimiento. No es normal que un tribunal político, supuestamente neutral e independiente, como el Tribunal Electoral ejerza como agente de marketing de la empresa privada que proporciona el hardware y el software para unas elecciones que se han degradado irremediablemente desde que estas máquinas han hecho su aparición.
El momento de dar explicaciones y de rendir cuentas sobre este asunto parece estar más cerca que nunca.