El sobreseimiento del diputado y exsecretario de Prensa, pone en evidencia la espantosa connivencia del poder judicial con el poder político y deja en la mira al jefe del legislador: Nicolás Demitrópulos.
El juez del juzgado de garantías 2°, Ignacio Colombo, dictó el sobreseimiento para el diputado y ex secretario de Prensa de la Provincia, Víctor “Vitín” Lamberto por falsificación de documento público. Como funcionario, Lamberto había incurrido en un delito grave como el pago de publicidad oficial al medio de Mario Ernesto Peña, por programas que ya no estaban siendo emitidos.
La denuncia fue realizada en el año 2022 por el actual diputado nacional Carlos Zapata, quien munido de documentación judicial, denunció el pago a programas de radio inexistentes, puntualmente en FM Aries.
Zapata formuló la denuncia, pero terminó siendo imputado, acusado de falsificación de documentación pública, sin embargo, para presentar su denuncia el legislador aportó documentación remitida por el propio Poder Judicial, ya que tuvo que judicializar el acceso a la información pública, concretamente la erogación estatal en concepto de publicidad oficial.
Puesta en evidencia la maniobra de Lamberto, la de su jefe, el coordinador administrativo y la del empresario Mario Peña, para estafar al Estado malversando fondos públicos, al Gobierno sólo se le ocurrió la estrategia de denunciar como falsas las pruebas de Zapata, quien rápidamente quedó imputado, pero un año más tarde, en noviembre de 2024, fue sobreseído.
El sobreseimiento de Zapata se fundó en una cuestión fundamental: formuló su denuncia con documentación aportada por la propia justicia.
De esta forma, lo dispuesto recientemente por el juez Colombo y por pedido de la fiscalía interviniente, tiene una lectura inevitable y perturbadora: en su afán de favorecer a un exfuncionario y actual diputado oficialista, ¿la justicia salteña es capaz de autoinculparse?
Más allá del sobreseimiento de Lamberto a horas de la inscripción de candidaturas, hay otro aspecto sobre el que todavía no hay claridad y es la cuestión de fondo: el pago fraudulento dispuesto por el exfuncionario y el cobro fraudulento aceptado por el empresario Peña.
A esto último debe sumarse la posibilidad de nuevas acciones legales, ya no sobre el actor sobreseído, sino sobre quien era su superior, Nicolás Demitrópulos, ya que en esos años, la secretaría de Prensa y Comunicación, estaba bajo su órbita.
Publicidad oficial fraudulenta | “Ahora lo tienen que investigar a Mario Peña”