Lo que parecía ser un acto altruista y que sumaba confianza en el Poder Judicial, se convirtió en otra maniobra para armar un blindaje y una Corte armada solo por amigos de Urtubey. El recambio de puestos de Abel Cornejo y Pablo López Viñals confirma las intenciones del gobernador para el futuro.
Ayer ingresaron el Senado salteño, los pliegos sobre las propuestas de candidaturas de Abel Cornejo para Procurador de la Provincia y de Pablo López Viñals para Juez de la Corte. Una estrategia de Juan Manuel Urtubey que sigue dando que hablar y que atenta contra el carácter independiente de la Justicia.
Es que al conocerse la noticia de que Abel Cornejo dejaría su puesto de Juez del máximo tribunal de justicia, se lo sintió como un alivio y una bocanada de aire para una institución de la que se dudaba hace un tiempo. Pero todo quedó trunco al saber que las intenciones en realidad eran otras.
Urtubey ya había proyectado qué pasaría con Cornejo. Dejando un tiempo prudencial para el anuncio, presentó la candidatura para que el exJuez de la Corte sea ahora, previa aprobación del Senado, el Procurador de la Provincia. Es decir, todo se limitaría a un burdo intercambio de roles con Pablo López Viñals, ahora propuesto para ocupar el puesto de Cornejo. Con esto, Juan Manuel Urtubey ha demostrado que con su decisión de intercambiar las funciones que desempeñan Cornejo y López Viñals no es más que otro ejemplo de su intención y capacidad de hacer añicos el Estado de Derecho, en nombre del poder democrático.
Urtubey necesita hoy, más que ser Presidente, edificar una impunidad a largo plazo. Y si para su casi imposible elección como Presidente está dispuesto a vender su alma al diablo, habría que pensar qué no está dispuesto a hacer para blindarse frente a los ataques que recibirá en el futuro, cuando deje de ser Gobernador de Salta. Esta es quizás la teoría más sostenida no solo por sus opositores, sino también por quienes lo acompañan.
Estas maniobras que ya parecen evidentes, no hacen más que pergeñar la idea poco feliz de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Judicial. Pero ya no solo ponen en cuestión la vapuleada imagen del gobernador Urtubey, sino hasta la de los mismos magistrados, de los que seguramente no quedará una buena impresión para el futuro.