La misma se da en el marco del amparo presentado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Comisión Wichi Misión La Loma.
Esta nueva presentación judicial se da luego de meses de espera pues en enero ya la justicia salteña había ordenado al Ejecutivo de la Provincia a garantizar la reglamentación y aplicación de la Ley 7.856.
La misma que implicaba presencia de facilitadores/as interculturales y albergues de tránsito en el Hospital Materno Infantil y los hospitales cabecera de los departamentos en emergencia. En ese sentido señalaron que hay una grave omisión estatal para cumplir con sus obligaciones legales y judiciales.
Francisco Rodriguez, abogado de ACIJ, conversó con la prensa y dio más detalles de lo que acontece. “La provincia en principio no estaba dispuesta a contestar la primer denuncia, y ya la segunda vez contestó de una forma indignante, señalando que era el ministerio de salud quien debía responder, y que no lo hizo, pese a que personalmente tuve un diálogo con el ministro Esteban, además de su compromiso en solucionar lo requerido por las comunidades”, señaló.
En ese sentido expresó que el objetivo es asegurar los derechos de niñas y niños de comunidades originarias; pero para ello, dijo, “será necesario que la Corte de Justicia de Salta haga valer su valiosa decisión judicial y obligue a que el Poder Ejecutivo Provincial dé efectivo cumplimiento a la medida dispuesta, para que se prioricen verdaderamente los derechos de este grupo vulnerabilizado”.
Además se explayó señalando que hay una grave vulneración de derechos de las comunidades originarias en Salta. Tal cual lo señaló ya en los pasados días la Defensora Oficial Civil N° 4 del Ministerio Público de Salta, Natalia Buira. Sin embargo, Rodríguez fue un poco más allá y acotó que el gobierno provincial “le niega la información de lo que sucede a la misma justicia y a la sociedad en general”.
Respecto a la medida cautelar solicitada por CAIJ y la Comisión Directiva Wichi Misión La Loma, el letrado aclaró que es “fundamental” la presencia de facilitadores/as interculturales integrantes de los pueblos indígenas, pues “colaborará en la comprensión, toma de decisión y acompañamiento en las diversas prácticas médicas que deban atravesar niñas y niños”.
En la misma entrevista brindada a Nuevo Diario, Rodríguez se lamentó porque “estas intervenciones o bien no se realizan por la discriminación que sufren al momento de ir al hospital, o bien suelen practicarse en abierta vulneración a sus derechos, especialmente al consentimiento informado reconocido por la ley nacional del paciente”.