Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras en Salta, llevará a juicio a su agresor, y agresor de su pequeña hija, que estaría vinculado al Poder Judicial, tras cinco años de violencia y revictimización. “Un caso testigo de cómo funciona la justicia patriarcal y corrupta”, afirmó otra referente, quien también cuestionó el Registro de Obstructoras impulsado por el senador Emiliano Durand, apoyado en el falso SAP.
Este jueves, después de cinco años de luchar contra la violencia y la revictimización por parte de la justicia salteña, Yanela Barrios, referente de Madres Protectoras en Salta, llevará a juicio al agresor suyo y de su pequeña hija «Dulce».
Laura Valdez, también referente de Madres Protectoras e integrante de la mesa de trabajo Justicia por Dulce, señaló que el de Yanela constituye “un caso testigo de cómo funciona la justicia patriarcal y corrupta”, un caso que evidenció los hostigamientos, revictimizaciones y el peligro de revinculación al que expusieron a su hija con su progenitor, quien tendría vínculos cercanos con el Poder Judicial.
“Desde nuestras organizaciones y nuestras personas, en mi caso como activista independiente y parte de madres protectoras, acompañamos casos como estos que son la muestra de que la justicia en Salta no está funcionando, ni para las mujeres víctimas, ni mucho menos para los niños”, aseveró remarcando que “son las madres, en la mayoría de los casos, las que escuchan a los niños y llevan estos duros procesos judiciales”.
En el caso de Yanela, recordó que en 2020 inició la causa contra su expareja por el abuso denunciado por su hija, un año después de haberlo denunciado por violencia de género hacia su persona. “Yanela estaba separada, pero nunca le había cortado el vínculo con la nena. En junio de 2020, la pequeña relata los abusos que sufría, ella la llevó al hospital Materno Infantil. Allí se activó el protocolo para casos de abuso y comienza el proceso”, detalló.
En el medio, según contó, la familia del progenitor toma partido intentando desalojar a Yanela y a su pequeña hija de la vivienda que habitan. Se trata de una vivienda del IPV por la que, si bien es de la abuela paterna de la menor, Yanela pagaría las cuotas correspondientes. Paralelamente, denunció que la cuota de alimentos acordada en mediación, de 20 mil pesos, es irrisoria, lo que también derivó en un juicio por alimentos.
“Empezaron todas las persecuciones posibles. El abusador tiene familia directa que trabaja en el Poder Judicial como defensores oficiales y administrativos. Le armaban causas, la mandaban a hacer pericias psicológicas o a tomar asistencia psicológica ella y su hija”, aseveró Valdez, haciendo hincapié en las dificultades que ello representó para Yanela ya que la oferta de profesionales de salud mental en el sector público es sabidamente escasa. “Tiene 14 causas por desobediencia, armadas por no poder acceder a un derecho que la justicia le tendría que haber garantizado”, enfatizó al respecto.
Evidenció así que “en Salta reina la justicia patriarcal que viene a tapar la voz de los niños y las mujeres”. “Hoy yanela está con 14 causas, iniciando juicio a su agresor, atravesando todos los manoseos de la justicia”, resumió, resaltando que la mujer se hace cargo sola de todos los gastos que este proceso le implicó y le implica.
“Ella tiene la convicción de que va a llegar hasta las últimas instancias, porque cree en la voz de su hija, porque los niños no mienten”, subrayó Valdez, al tiempo que recordó que solo 2 de cada 100 casos de abuso son denunciados, y de ellos solo uno llega a juicio y obtiene una sentencia a favor.
“Las expectativas son de que el imputado tenga una condena ejemplificadora. Hay muchas pruebas que dicen que el relato de la niña y de su madre son ciertos, y que la justicia tiene que prestar atención a esas pruebas, que después de haberlas leído son suficientes para que se haga justicia”, afirmó.
Registro de Obstructoras
En el transcurso de este proceso, la Cámara de Diputados aprobó la creación de un Registro de Obstructores de Lazos Familiares en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia. Una iniciativa impulsada por el senador e intendente electo por Capital, Emiliano Durand, que plantea un inexistente Síndrome de Alineación Parental (SAP), dejando a un lado el interés supremo de las infancias y adolescencias.
En tal sentido, Valdez remarcó que el SAP- acuñado en 1985 por el psiquiatra infantil Richard Gardner, quien fue denunciado por pedofilia- fue rechazado por organismos como la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Americana de Psicología, por no contar con ningún aval científico.
Sin embargo, lamentó que la justicia salteña considere la existencia de este síndrome y recordó que al tomar conocimiento sobre la aprobación del proyecto, presentaron un documento firmado por organizaciones de todo el país en repudio a la iniciativa.
Frente a este panorama, en donde el 85% de las mujeres salteñas abordan solas la crianza de sus hijas e hijos, con procesos judiciales de por medio, donde el 85% no recibe la cuota de alimentos correspondiente siendo revictimizadas, no tenidas en cuenta u obligadas a revincular a sus hijos e hijas con sus agresores, enfatizó: “Pocas madres pueden soportar este atropello de la justicia, las que creen en los niños siguen adelante. Las madres sufren un devastamiento psicológico, físico, increíble, y todo es por el sistema judicial”.
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