“El que no esté en condiciones, mejor que se busque otra actividad”, dijo el Jefe de los Fiscales, Pedro García Castiella en referencia al compromiso requerido a funcionarios judiciales y a fuerzas de Seguridad contra el delito organizado.
En conferencia de prensa, convocada para hablar sobre la denuncia al juez Edgardo Laurenci, el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, abordó la cuestión de la narcocriminalidad y el crimen organizado y su avance en nuestra Provincia, en ese marco, inició su alocución indicando que se trata de algo “que viene ocurriendo en los últimos veinte años”, por lo que no debería sorprender a los legisladores u otros sectores.
En rigor, la referencia tácita estuvo dirigida al único legislador provincial que abordó el tema de la fuga de Lino Moreno, Daniel Sansone, quien se manifestó en tal sentido y anticipó un pedido de enjuiciamiento ante el Jury. En esas mismas declaraciones, el diputado provincial reprochó el nulo avance en las investigaciones ante otras denuncias por hechos de corrupción.
En contraposición, el Procurador se encargó de destacar “el compromiso y la preocupación del Gobierno de la Provincia” por haber realizado “los esfuerzos” para el funcionamiento de “una unidad especial” de la fiscalía especializada en la zona de conflicto.
Tras ello, manifestó que se está dando una “lucha incesante para afrontar el desafío de lo que está aconteciendo en el distrito norte de la Provincia”. “Estoy dispuesto a exigir que todo juez, todo magistrado, defensor o fiscal, esté a la altura de las circunstancias para afrontar el desafío de combatir el crimen organizado, por nuestra paz social, la defensa de las instituciones y el rol de la justicia debe cumplir, aquel que no esté en las condiciones, mejor que vaya buscando dedicarse a otra actividad”, remarcó.
Esas aseveraciones son realmente llamativas si se tiene en cuenta que un funcionario judicial o policial que esté vinculado al crimen organizado, no debería ser invitado a dedicarse a otra actividad, sino más bien denunciado e investigado (!!!).
Por otra parte, al ser consultado sobre su mirada de que los cuatro últimos jefes de la policía de Salta hayan salido de Orán, donde se está perdiendo la guerra contra el narcotráfico, García Castiella respondió: “No sé si será una condición necesaria que pasen por una regional caliente como Orán, no sé cómo se eligen los jefes de policía, no soy yo quien los selecciona, eso es facultad de otro poder”.
En efecto, del mismo modo que el Poder Ejecutivo designa los jefes policiales, también designa al Procurador (con acuerdo del Senado). En ese marco, es importante tener en cuenta que si bien los cargos públicos de todo el ámbito del servicio de justicia, requieren de la voluntad del poder político, nada indica que ello limite la investigación hacia algunos sectores que pueden avalar el delito organizado.
Existe un hecho paradigmático ocurrido en septiembre de 2022, el asesinato con tintes mafiosos del operador político Darío Monges, sobre el cual, la propia Procuración informó que el hecho tiene vínculos con el narcotráfico, por lo que remitió las acciones al fuero federal.
Sin embargo, meses antes, en junio de 2022, se supo de una visita irregular de Monges al sicario Oscar “Cabezón” Díaz en el penal de Orán, para lo cual habría contado con el aval del entonces secretario de Seguridad de la Provincia. La causa está paralizada y sólo avanzó hasta las testimoniales de Cruz y del exdirector de Políticas Penales, en las que se acusan mutuamente sobre las responsabilidades en la llamativa visita de Monges a Díaz.
Ese hecho, puede ser un punto conector entre algunos actores de la política y el delito organizado, del mismo modo que el caso citado por el Procurador cuando habló del empresario y frustrado candidato a intendente de Orán, José “Oso” Dimas Ruiz, quien está imputado por el robo millonario a la empresa Abra de Sol, resulta que antes de sus propias aspiraciones, Ruiz fue asesor del intendente saliente Pablo González.
La mirada debería posarse también sobre lo que ocurre en municipios como Aguas Blancas o Colonia Santa Rosa, donde los vecinos todavía recuerdan con asombro el enorme despliegue de recursos que se dispuso para la campaña electoral, por lo que bien corresponde indagar sobre el origen de ese financiamiento.
Con todo ello, lo manifestado por el Procurador sobre el compromiso de luchar contra el crimen organizado, tiene aún mucho por demostrar y de ninguna manera las acciones pueden escindirse de la lucha contra la corrupción.
Por otra parte, en relación a la denuncia contra el juez Edgardo Laurenci ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, la simple aseveración de García Castiella de que tal hecho “no debería afectar ni impactar en absoluto en la continuidad del juicio”, contra los autores materiales del asesinato de Liliana Ledesma, resulta escasa y lo ha manifestado la parte querellante de ese juicio y más allá las groseras improcedencias del citado magistrado en el hecho que permitió la fuga del sicario Lino Moreno.