Una vez más la Asociación Docente Provincial es noticia negativa. En la institución conducida por Fernando Mazzone y que maneja una caja de 100 millones por mes, se obstaculiza la desafiliación de quienes no se sienten representados.
Un grupo de docentes afiliadas se presentó este martes en la sede central de ADP, para pedir algún tipo de respuestas ante las manifestaciones por parte del secretario general avalando la cesantía de quienes se sumaron al paro y tramitar, con motivos razonables la desafiliación a un gremio que se financia con los aportes mensuales debitados automáticamente, pero que no los representa.
Las docentes expusieron que las respuestas de la entidad fueron un compendio de prepotencia, comenzando por la exigencia del carnet de afiliados para acceder al edificio de calle Juramento 99, pero resulta ser que pese a asegurarse la cuota sindical, los carnets no se entregan en tiempo y forma y menos aún hacia quienes tienen algún tipo de disidencia con la conducción sindical.
“Fueron violentadas, les sacaron los celulares, para impedir que filmen o graben”, denunció Celia, una de las que estuvo en el lugar. A ello se le suma que quienes pudieron ingresar al edificio para presentar una nota pidiendo explicaciones sobre la postura del Secretario General, fueron retenidas durante varios minutos en una de las oficinas del edificio y separadas de quienes esperaron en la vereda.
Los momentos de tensión e incidentes se prolongaron varios minutos y terminaron con la triste imagen de un gremio de rejas y persianas cerradas, toda una postal de la falta de diálogo necesario en una institución como ésta, que se caracteriza por no convocar a asamblea y cuya comisión directiva, históricamente se siente dueña de la misma.
En ese contexto, volvió a abrirse el debate sobre la pertinencia de la desafiliación para dejar de aportar el monto mensual de alrededor de siete mil pesos, tal como expresaba con indignación una de las docentes que se hizo presente en el lugar. Con esos montos, se calcula que la institución maneja una caja mensual superior a los 100 millones de pesos por mes.