La iniciativa que modifica la Ley Impositiva de la Provincia y eleva el costo de los trámites que deben presentar las compañías, fue enviada a la Legislatura y en el mensaje que la acompaña se indica que se busca evitar la especulación inmobiliaria en la región minera.
Se presentó en la Legislatura un proyecto de ley para modificar el artículo 29, apartado 3° de la Ley 6611, buscando actualizar los valores relacionados con trámites mineros. La iniciativa busca asegurar inversiones en un marco de políticas claras y estables.
El Gobierno de la Provincia ha presentado un proyecto de ley para modificar el artículo 29 de la Ley 6611, específicamente ajustando los valores vinculados a trámites mineros. Esta iniciativa, esencial al no realizarse modificaciones desde el año 2000, busca promover inversiones genuinas y prevenir prácticas especulativas en el sector.
El proyecto incluye tasas para diversos servicios, desde solicitudes de concesión de permisos hasta la manifestación de descubrimiento de minas, con el propósito de poner fin a valores desactualizados que han generado la presentación masiva de trámites con costos mínimos.
“La inversión resultante se proyecta como un impulsor para el desarrollo de infraestructuras críticas en áreas como carreteras, energía, salud y seguridad”, destacó el Gobierno en su comunicación oficial.
No obstante, en el tratamiento legislativo, el diputado oficialista por Orán, David Taranto, pidió que se ponga la mirada sobre el régimen de Regalías Mineras (3% valor a boca de mina), indicando que “es la parte del dragón que nos estamos perdiendo” y que el dinero recaudado por los trámites, “no se van a hacer caminos, ni hospitales ni se va a mejorar la infraestructura”.
El ajuste propuesto implica cambios significativos en los costos de trámites, como la solicitud de cateo, que pasaría de 50 unidades tributarias a 400,000. El objetivo principal es atraer inversionistas comprometidos con el desarrollo sostenible, descartando aquellos que buscan adquirir minas con fines especulativos o inmobiliarios.
Además, se destaca que este ajuste contribuirá a evitar casos donde privados adquieren hectáreas para exploración sin la intención real de realizar inversiones, evitando procedimientos judiciales prolongados que dificulten el desarrollo económico y la generación de empleo en Salta.
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