El ajuste que lleva adelante el Gobierno nacional, con la anuencia de los legisladores salteños que responden al Gobierno provincial- Outes, Calletti y Vega-, agudiza las dificultades para acceder a un derecho básico, especialmente para mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries.
Impulsado por primera vez en el año 1988 por La Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe, cada 28 de mayo se conmemora el Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, trans y no binaries. Pese a que el objetivo es el de reafirmar el derecho irrestricto a la salud como derecho humano, la fecha encuentra a la provincia de Salta en un contexto bastante alejado de este ideal.
“En este momento está en juego la salud de nuestras compañeras migrantes en una provincia que tiene límites geográficos de frontera, y donde nuestras compañeras van y vienen todo el tiempo”, señaló a medios locales Sofía Fernández, integrante de la Asamblea Lesbotransfeminista de Salta y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que convocaron a una jornada de visibilización en la Legislatura provincial. “Muchas mujeres hoy en día todavía no tienen documento, y eso también las haría extranjeras”, agregó.
La reflexión hace alusión directa al decreto del gobierno de Gustavo Sáenz que restringe el acceso a los servicios de salud a personas extranjeras no residentes, decisión de la que se hizo gala incluso con una presentación del ministro de Salud, Federico Mangione, en la Universidad Austral. Sin embargo, y aunque se hayan se hayan dado a conocer semanas atrás los números de la disminución en la atención, el acceso a la salud pública para salteñas y salteños es cada vez más restringido.
“El extranjero acá es el pobre, no hay otro extranjero al que se le restrinja la salud”, advirtió Fernández, quien remarcó la preocupación frente a “este retroceso en derechos por este gobierno nacional y provincial”.
La inquietud ante las decisiones del gobierno que lleva adelante Javier Milei, acompañado por el voto de los diputados Pamela Calletti, Pablo Outes y Yolanda Vega respondiendo las órdenes de Sáenz, se agudiza si la mirada se dirige al interior provincial, en donde el ajuste se hace sentir con más fuerza.
“Estamos corriendo un riesgo muy grande por la violencia obstétrica, sobre todo en el norte de la Provincia. En el hospital de Tartagal se ha echado a las compañeras bilingües que, aparte, son parteras. Muchas mujeres están siendo violentadas porque no tienen facilitadoras bilingües. Hay casos que venían siendo relativamente frecuentes, pero hoy se agrava con este tipo de medidas. Hay ataques sistemáticos a la salud integral, sobre todo a las mujeres y disidencias sexogenéricas”, expuso.
En tanto, a 19 años de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, hizo alusión a otro de los mayores cuestionamientos realizados a la actual gestión nacional. Se trata del desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA), implementado desde 2017 y el cual logró reducir en un 60% los embarazos no intencionales en las adolescentes. “Los sectores menos favorecidos tenían ahí una articulación para garantizar derechos. Hay un ataque sistemático hacia nuestros cuerpos”, dijo al respecto.
En Salta, puntualmente, denuncian el incumplimiento de la ley IVE, con la falta de recursos en los municipios, así como el incumplimiento de la ley de Identidad de Género, con tan solo una doctora para tratamientos hormonales, según exponen desde la Campaña, desde donde acompañan el pedido de justicia por el ataque lesboodiante cometido en Barracas, que terminó con un triple lesbicidio.
“Estamos muy preocupadas por el acceso a la salud integral, a la salud mental, obstétrica. Se les están quitando los derechos a los que menos tienen”, insistió Fernández a la vez que subrayó: “Miles de mujeres y disidencias están en la calle sin un lugar donde vivir, todo esto hace que nuestra salud se vea afectada”. (MH)
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