Las “capacitaciones” fueron para nuevos paramédicos y choferes de retroexcavadoras y contaban con el aval del titular de la Agencia de la Juventud de la provincia, Tane Da Souza.
En la última sesión de la Cámara de Diputados, Luis Mendaña dejó un dato que llamó la atención de varios. Denunció que en La Caldera y en Vaqueros realizaron cursos para paramédicos y choferes en los municipios sin ninguna validez.
Los cursos, según se pudo conocer, los dio gente de la Universidad de Oncativo, una pequeña ciudad de Córdoba, con dudosa validez.
“Me llamó la atención que tanto en La Caldera como en Vaqueros estuvieron dando cursos de capacitaciones muy concurridos. Según los certificados, los cursos que se dictaron fueron de paramédicos y de chofer de retroexcavadora. Supuestamente, los dio la Universidad de Oncativo”, dijo el legislador.
Y agregó: “Recibí quejas de algunos de los asistentes a esos cursos que, cuando fueron a buscar trabajo, les dijeron que esos certificados no son válidos”.
Lo llamativo de estos cursos es que tenían el aval y la promoción del titular de la Agencia de la Juventud de Salta, Tane De Souza. De hecho, entre las firmas de los certificados está la rúbrica del ex opositor al saencismo, ahora devenido en funcionario provincial del saencismo.
Según Mendaña, hizo una consulta al Ministerio de Salud sobre el curso de paramédicos “y me dijeron que ni este ni ningún otro están autorizados”, aseguró.
“El curso, supuestamente, duró unos tres meses y estaría bueno que desde el Gobierno clarifiquen si esos cursos son válidos o no”, dijo el diputado, dejando la puerta abierta a un nuevo escándalo que involucra al Ministerio de Desarrollo Social que conduce Mario Mimessi.
Muchos jóvenes fueron hacia el lugar (el curso también se hizo en Cerrillos) en busca de nuevas herramientas y oportunidades que puedan allanarle el camino hacia una fuente laboral estable.
Al no tener reconocimiento oficial ni estar registrados en ninguna entidad educativa seria, carecen de valor. Es por eso que la lupa ahora se centra en la Agencia de la Juventud. Porque no se trata de una ONG o alguna fundación que intente ayudar a los jóvenes. Se trata de un organismo del Gobierno y debe tener una gestión seria.
Los cursos los “vendieron” como “oficiales con certificación”, jugando con la buena voluntad de los asistentes, que asistieron durante tres meses, en busca de nuevas oportunidades. Y no se juega con el tiempo ni la voluntad de ellos.
El escándalo pone nuevamente bajo la lupa la gestión de los recursos destinados a la juventud y plantea la necesidad de mayor control y transparencia en los programas sociales destinados a este sector de la población.