El decreto 618 que declara de interés público a la iniciativa privada presentada por el particular Rubén Fortuny para hacerse cargo del recupero de costos de servicios sanitarios que las obras sociales le deben al Estado cuenta con dictamen favorable del Fiscal de Estado, quien, sin embargo, dijo desconocer qué entidades son las principales deudoras.
El fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina, habló en radio Infinito sobre el recupero de costos sanitarios por prestaciones que las obras sociales adeudan al Estado provincial, de acuerdo al decreto 618/26, que declara de interés público a la iniciativa privada para realizar tal tarea.
Indicó que la Ley 8491 asigna al Ministerio de Salud la responsabilidad de gestionar el cobro.
Pérez Alsina afirmó que la Fiscalía de Estado no administra esas deudas ni tiene asignada esa tarea. “No las tenemos nosotros a esas deudas”, dijo al explicar por qué la Fiscalía no salió a cobrarlas. También aclaró que distintos organismos provinciales gestionan sus propios ingresos y que Fiscalía interviene cuando recibe una atribución legal o un caso para ejecutar.
Indicó que el decreto reglamentario prevé una iniciativa privada seguida de una licitación pública. La iniciativa privada es una propuesta presentada por un particular o una empresa para desarrollar un proyecto de interés público; no equivale, por sí sola, a una contratación directa.
El funcionario estimó que la comisión podría no superar el 6% de lo efectivamente cobrado, pero aclaró que no conocía el porcentaje definitivo. Por lo tanto, esa cifra no debe tomarse como una condición ya aprobada.
A CIEGAS
¿Cuál es la obra social que más debe?, se le preguntó al Fiscal de Estado, “no lo sé”, fue su respuesta. Lo llamativo es que a pesar de ese desconocimiento, que si bien es específico del ámbito sanitario, no puede resultarle ajeno, toda vez que dictaminó en favor de la iniciativa privada para el recupero de costos, según consta en el decreto 618.
En la otra consulta puntual, Pérez Alsina tampoco aportó precisiones. Ocurre que si es el IPS una de las principales deudoras, estaríamos ante el desopilante caso del Estado debiéndole al Estado y para la gestión de cobro, se contrate a un privado. Despropósito total.
“Yo creo que se hará una negociación con el IPS que pertenece al Estado y es de amplia sensibilidad el trabajo del IPS por la cantidad de cobertura que tiene”, respondió.
Así las cosas, se advierte que el mayor empeño es dejar en claro que para el ministro de Salud, el Fiscal de Estado y el Gobernador, lo primero es asegurar un negocio privado y muy por detrás, dar precisiones sobre la materia.
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