A meses de las elecciones, el gobernador acordó fondos nacionales. El asistencialismo vuelve a quedar bajo sospecha en una provincia donde la política electoral y el manejo de los recursos públicos suelen caminar demasiado cerca.
La campaña electoral todavía no empezó formalmente, pero en Salta los movimientos ya están en marcha. Mientras preparan la convocatoria a elecciones para 2027, Gustavo Sáenz se reunió con la ministra de Capital Humano de la Nación, Sandra Pettovello, y acordó el envío de más de $3.054 millones destinados a 22 municipios salteños. La pregunta no pasa solamente por el destino de esos fondos, sino también por el momento elegido para ponerlos en circulación.
El gobernador tiene por delante una disputa política decisiva. Pretende ir por un tercer mandato, pese a las restricciones constitucionales que pesan sobre esa posibilidad, y mientras se mueve en el tablero institucional para despejar el camino hacia una nueva candidatura, también necesita fortalecer su estructura territorial. En ese escenario, los recursos destinados a la asistencia social adquieren una dimensión que excede cualquier planilla administrativa.
El convenio con Pettovello abre interrogantes sobre cómo se distribuirá esos fondos, qué mecanismos de control se aplicarán y de qué manera se garantizará que la ayuda llegue efectivamente a quienes la necesitan. Porque una cosa es atender las urgencias sociales de una provincia golpeada por la crisis y otra, muy distinta, es convertir esa asistencia en una herramienta de construcción política cuando el calendario electoral empieza a marcar los tiempos del poder.
Los 22 municipios beneficiados (todavía no se informó cuáles serán) representan una red territorial nada despreciable para cualquier proyecto electoral. Allí donde el Estado distribuye alimentos, subsidios o asistencia, también se construyen vínculos políticos, lealtades y dependencias, especialmente cuando las necesidades económicas aprietan y los recursos escasean. La distribución de bolsones, una práctica recurrente en la política provincial, es precisamente uno de los mecanismos que históricamente alimentaron las sospechas sobre el uso electoral de la ayuda social.
Por ahora, el convenio anuncia millones y promete asistencia, pero la información disponible no alcanza para afirmar que los fondos serán utilizados con fines proselitistas ni que habrá un reparto clientelar. Lo que sí corresponde exigir es transparencia sobre los criterios de distribución, los municipios alcanzados y los controles previstos para garantizar que la ayuda no termine administrada según conveniencias políticas.
Con la campaña de 2027 asomando en el horizonte y Sáenz decidido a sostener su proyecto de poder, los más de $3.054 millones merecen algo más que una foto con una ministra nacional. En Salta, la asistencia social necesita llegar a quienes la necesitan, no quedar atrapada en las necesidades electorales de quienes gobiernan.