En septiembre de 2024, la Legislatura aprobó la intervención al municipio de Aguas Blancas. Otra vez un “anónimo”, de identidad reservada, activa una causa penal. Hubo graves amenazas a los abogados.
Desde septiembre del año pasado, Carlos “Conejo” Martínez se encuentra detenido e imputado por el delito de “Entorpecimiento de acto funcional y violación de secreto”, acusado de haber interferido en la investigación del crimen de su hermano, Cesar “Oreja” Martínez, ocurrido en noviembre de 2023.
En el programa televisivo “A Quemarropa”, los abogados representantes del exintendente, Sergio Herrera y Ariel Vázquez, plantearon serias irregularidades en el proceso por parte de la Procuración General, señalaron que el delito del que se lo acusa es excarcelable y hasta advirtieron que existe una persecución política.
“Martínez está detenido en forma injusta y arbitraria, porque si nos remitimos a los delitos por los que está imputado, nos damos que la pena en expectativa para cada delito es exigua, si sumamos los máximos de los dos delitos, no se llega a los tres años”, indicó Velázquez.
Destacó que, en el caso de recaer condena, “la pena es en suspenso y eso es lo que no entiende el Poder Judicial pese a que presentamos numerosos recursos contra esta decisión, que han rechazado argumentando peligro procesal de fuga”.
Otra investigación con extraño comienzo
“La causa de su hermano viene por un mail anónimo que le llega a la policía federal y ésta le transmite al Procurador que el señor Martínez estaba involucrado en la muerte de su hermano, obviamente esa noticia criminis no fue probada, por lo tanto, Martínez no tiene injerencia en la muerte de su hermano y mucho menos entorpece la investigación”, advirtió Velázquez, tras lo que consideró que el exintendente “se siente perseguido políticamente”.
La similitud del inicio de esta investigación con la causa por el crimen mafioso de Monges es notoria. En ambos casos, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia emprende sus tareas por pistas anónimas o de personas que nadie conoce.
Cabe recordar que los hermanos Bejarano, condenados en primera instancia por el homicidio de Darío Monges, fueron detenidos luego de la acusación de un testigo de identidad reservada que ni los jueces del Tribunal supieron quién era (como lo dijo su defensora), a ello se le suma que la investigación de la fiscalía provincial fue irregular e ineficiente, para luego ser remitida al fuero federal.
«Se puso a disposición de la Justicia»
El abogado Sergio Herrera, indicó que el exintendente Martínez “tendría que haber estado en libertad desde un primer momento” y remarcó que “se puso a disposición de la Justicia” a la que se presentó espontáneamente luego de sacar licencia en su cargo.
“En el segundo otorgamiento de la prisión domiciliaria fueron restringidos sus derechos arbitrariamente, sólo puede ver a sus hijos los jueves y sábados” durante tres horas. “Apelamos esta decisión, pero no tuvimos respuestas”, añadió.
Además, el abogado Herrera aseguró que Conejo Martínez no tenía ningún tipo de contacto con el juez destituido Claudio Parisi, quien también se encuentra detenido.
Garantías constitucionales
«El artículo 19 de la Constitución hace referencia a la igualdad de todas las personas ante la ley, si una persona es investigada, procesada y condenada, no es en referencia a la personalidad sino a sus actos, el señor Martínez tuvo un error, fue condenado en el año 2013 por infracción a la Ley 23137 y cumplió una pena de cinco años, esa pena está agotada y caduca, es decir que no se la puede utilizar como antecedente de forma negativa en cualquier proceso, por lo tanto los vínculos con el narcotráfico que manifiesta el doctor García Castiella, no tienen ningún asidero”, dijo Velázquez
tras ello, el abogado dijo que “es sorprendente” el accionar del Procurador General de la Provincia “porque es un hombre que sabe de derecho”.
Abogados amenazados
Un hecho poco difundido fue la violenta amenaza a uno de los abogados del exintendente de Aguas Blancas, municipio que ahora está a cargo del interventor Adrián Zigarán.
“Las amenazas fueron ciertas, yo realicé la denuncia”, contó Sergio Herrera y dijo que las mismas se perpetraron en octubre de 2024. Contó que dos hombres en moto lo apuntaron “con un arma de fuego” mientras se desplazaba en su auto al salir de su domicilio.
“Me dijeron que deja la causa del señor Martínez o sino me iban a matar, me agaché en el vehículo, en ese momento se te pasa la vida en un instante”, dijo Herrera y agregó que el exintendente temía por su integridad física y porque lo dejen sin abogados defensores.
Además, Herrera lamentó que el Colegio de Abogados de Salta no se haya pronunciado ante tan grave hecho para respaldarlos. “Tuve que cambiar de hábitos de vida y de domicilio para proteger a mi familia”, añadió.
Finalmente, Herrera sostuvo que la causa fue armada con irregularidades y sin el debido proceso, a solo efecto de intervenir el municipio.