El Procurador General de la Provincia, cierra el año habiendo llevado a fondo su denuncia contra el exjuez oranense Claudio Parisi y paralelamente se está cerrando un proceso del que fue jefe en 2022, cuyas sombras no llegaron a iluminarse.
Finalmente, la cruzada emprendida por Pedro García Castiella en torno a la corrupción y vinculación de una parte del Poder Judicial con el crimen organizado, terminó con la destitución del ahora exjuez de Garantías de Orán, Claudio Parisi, tras la decisión unísona resuelta por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que además lo inhabilita para ejercer cargos públicos por ocho años.
El alineamiento de los integrantes del Jurado intenta representar un fuerte mensaje de los diferentes sectores que lo componen, Poder Judicial, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo (senadores y diputados oficialistas), contra el crimen organizado, una suerte de castigo ejemplar y hasta un anticipo de lo que puede replicarse con otro juez denunciado ante el Jury (Francisco Oyarzú).
Sin embargo, no se puede perder de vista que se trata del mismo Jurado que dejó vencer los plazos para sancionar al exjuez Edgardo Laurenci, quien permitió la fuga del sicario Lino Moreno, y luego logró acogerse al beneficio jubilatorio.
Es, además, el mismo Jury que rechazó abrir la investigación de los integrantes del Tribunal de Impugnación Luciano Martini y Gabriel Arias Nallar, que condenaron a perpetua, pero de manera ilegal e improcedente a Santos Clemente Vera, quien debió soportar siete años tras las rejas hasta que la Corte Suprema de Justicia, falló contra todo lo actuado por la justicia salteña y ordenó su libertad.
Esto significa que el mensaje del Jury contra el crimen organizado, no se emitió con mensajeros de inmaculado atuendo, por el contrario, la representación sistema judicial y poder político de la provincia, aún está lejos de dar muestras y más aún, de establecer garantías de calidad institucional.
Narco, política y justicia, los vínculos
Veamos, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, tiene una composición que en nada desentona con el poder político provincial.
Tampoco, claro está, la figura del Procurador General de la Provincia, jefe de los fiscales, quien formalizó y fundamentó la acusación contra Parisi, que llevó al Jurado a actuar en sus términos y votar de manera unánime.
En consecuencia, todo este esquema institucional aporta al menos inquietud a la severa conclusión que una funcionaria de la Justicia Federal emitió al decir que “no se puede negar la vinculación entre el narcotráfico y el poder político de Salta”, tal como lo indicó la defensora oficial, Clarisa Galán, luego de intervenir en el juicio por el crimen mafioso de Darío Monges y de representar a los acusados de la autoría material del hecho, Catalino Bejarano y sus hijos David y Santiago.
Más allá de esto, hay otros elementos claves que dan sustento a esa conclusión y están relacionados con el primer tramo de la investigación del asesinato, a cargo de una fiscalía provincial y con oscuros cuadros policiales como brazos ejecutores. A esto se le suma una asombrosa desaparición de pruebas determinantes y la dudosa intervención del Sistema de Emergencias 9-1-1, cuya dependencia estaba bajo la órbita de Benjamín Cruz, a quien, como exfuncionario de Seguridad y hombre de confianza del Gobernador, no se lo investigó de modo fehaciente, pare conocer sus pasos en las horas previas y posteriores al crimen de Monges.
En su extenso alegato, la doctora Galán cuestionó los procedimientos de la fiscalía provincial interviniente, tales como la clonación del celular de Monges, en el que la policía de Salta no cumplió “ningún tipo de protocolo para proteger la evidencia digital que es muy volátil”. “El teléfono fue manipulado, no sabemos si se borró o cambió información y hubo envíos de información”, dijo.
“La investigación inicial se hizo de una manera poco transparente”, añadió la defensora federal, lo que llevó a referirse a la siniestra figura del comisario Rodrigo Emanuel Bautista, jefe del grupo de policías del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) , un oficial que estuvo implicado en irregularidades en torno a otros hechos resonantes como el crimen de las turistas francesas, la muerte de las chicas de barrio San Carlos o el femicidio de Agustina Nieto, y que allanó de manera improcedente la casa de los Bejarano, sin orden escrita.
Justamente el policía Bautista, estuvo a cargo de elaborar el informe del recorrido la camioneta de Monges, sin que pueda precisar los movimientos del vehículo durante una hora y media. Más llamativo es que en ese lapso, el celular de la víctima se activó en antenas de La Almudena, San Luis y Solís Pizarro, es decir en zonas donde hay cámaras de videovigilancia.
Lo dicho por la funcionaria de la justicia federal es por demás alarmante e impacta de lleno en el accionar de la fiscalía y la policía provincial, que hicieron todo mal antes de remitir la causa al fuero federal, donde se desarrolló un juicio y se emitió una condena “basada en un testigo de identidad reservada que ni los jueces saben quién es y que apareció de la nada”, apuntando a los Bejarano.
En este cuadro, a Benjamín Cruz, quien sigue figurando como apoderado del partido del Gobernador, -Pa.I.S.- y era jefe de Monges, sólo le queda afrontar una causa en la justicia provincial en la que sólo está imputado por “tráfico de influencias” y en la que no se investiga nada más que la posibilidad que haya incidido en la irregular visita de Monges al sicario Díaz en la cárcel de Orán, en junio de 2022.
Como se advierte, el entramado entre el poder político y el judicial de Salta, goza de buena salud y parece haber evitado que la sangre llegue al río. Habrá que ver si esa contención es tan eficaz como se pretende mostrar. Por lo pronto, la sanción al exjuez Parisi no parece alcanzar para despejar sospechas.