Una escena acabada sobre cómo funciona el sistema judicial en Salta tuvo lugar días atrás en un canal de televisión local. El empresario de medios que cobró publicidad estatal por programas no existentes, sigue sin ser investigado.
Si las máximas autoridades del Poder Judicial de Salta y del Ministerio Público Fiscal hacen pesar todo el peso de la ley contra “ladrones de gallina” y opositores políticos, cualquiera entendería que en Salta no hay garantías constitucionales, calidad institucional ni una provincia seria hacia donde dirigir inversiones de cualquier índole.
Es más que probable que esa espantosa situación ya se esté viviendo en Salta, en efecto, los últimos hechos dan cuenta de ello. Por ejemplo, la causa por un
caso de delito económico en perjuicio del Estado provincial, está estancada y cajoneada sin ningún tipo de avances, pese a la evidencia aportada por el mismo sistema judicial.
Veamos, en el año 2022 el diputado Carlos Zapata denunció que el empresario Mario Peña, titular de FM Aries, cobró pauta publicitaria oficial por el programa “Inevitables”, durante más de un año posterior al levantamiento del mismo.
A raíz de esto, el exsecretario de Prensa de la Provincia y actual diputado saencista, Víctor “Vitín” Lamberto, fue imputado debido a que acusó a Zapata de haberse valido de documentación falsa para presentar su denuncia, pero lo realmente falso fue el intento de Lamberto de evitar una causa en su contra, lo que también podía dejar expuesto a quien era su superior, el coordinador administrativo del Gobierno.
Con claro direccionamiento político oficialista, la fiscalía interviniente imputó al denunciante por el presunto delito de presentar documentación falsa, pero en noviembre de 2024, el Juzgado de Garantías 2° Nominación, desestimó la acusación y sobreseyó a Zapata, ya que el legislador presentó su denuncia luego de judicializar el pedido de acceso a la erogación pública en concepto de publicidad oficial. En otras palabras, presentó documentación expedida por el propio Poder Judicial.
Tras ello, el diputado Lamberto, fue imputado por “falsificación de documento público”, debido a que intentó alterar las pruebas de pago y cobro fraudulento de publicidad oficial hacia FM Aries.
Como se observa, la comisión de un delito contra los fondos públicos se ejecutó con la participación de dos actores: el funcionario que pagó y el empresario que cobró.
Sin embargo, la imputación de la fiscalía interviniente sólo alcanzó a Lamberto, Peña, mientras tanto y seguramente por algún llamado comedido, sigue posando ante las cámaras como ciudadano honesto.
De allí que la presencia del Procurador General de la Provincia (jefe de los fiscales) en la última edición del programa “Cara a Cara”, junto a su conductor, Mario Peña, no puede verse con otra idea que la de una postal de la impunidad en Salta.
De hecho, poco le importó a García Castiella que Peña sea un “desobediente judicial”, al no presentarse a las audiencias en el marco de la causa por violencia de género planteada por la exintendenta Bettina Romero.
Ante esto, corresponde la pregunta si la visita de Pedro García Castiella al programa de Mario Peña es un anticipo de que la inacción judicial seguirá gozando de buena salud. (Enrique Briones).
Publicidad oficial fraudulenta | “Ahora lo tienen que investigar a Mario Peña”