Conductores marcharán esta tarde al Concejo Deliberante, para exponer las constantes persecuciones que sufren por parte de inspectores municipales.
El intendente de Salta, Emiliano Durand, ha manifestado públicamente, y hasta envió un proyecto al Concejo Deliberante, para regularizar las plataformas de transporte en la ciudad. Sin embargo, esta postura parece entrar en contradicción con las acciones llevadas a cabo por los inspectores de tránsito municipales, quienes han sido señalados por perseguir y sancionar a los conductores que operan a través de estas aplicaciones. Hoy habrá una marcha de choferes de Uber moto para visibilizar esa persecución.
En las últimas semanas, los trabajadores de la plataforma Uber, fundamentalmente los de Uber Moto, han denunciado un aumento en los controles y sanciones por parte de las autoridades locales. Estas acciones incluyen la retención de vehículos y la imposición de multas significativas, lo que genera incertidumbre y preocupación entre los conductores.
Esta clara contradicción entre el discurso del intendente Durand y las acciones de los inspectores de tránsito plantea interrogantes sobre la coherencia en la política municipal hacia las plataformas de transporte. Mientras que la regularización de estas aplicaciones podría ofrecer beneficios como la formalización del empleo y una mayor seguridad para los usuarios, las medidas punitivas actuales parecen obstaculizar este proceso.
En este marco, los trabajadores decidieron marchar esta tarde hacia las puertas del Concejo Deliberante, mientras se desarrolle la sesión ordinaria de esta tarde. La intensión es visibilizar lo que vienen sufriendo en varios operativos en distintos puntos de la ciudad.
Mientras tanto, Emiliano Durand sobreactúa “modernidad” y manifestó su “incondicional” apoyo a estas plataformas que existen en cientos de lugares del mundo.
Es fundamental que la administración municipal clarifique su postura y establezca un marco regulatorio coherente que equilibre la necesidad de modernizar el transporte urbano con la protección de los derechos de los trabajadores y la seguridad de los ciudadanos.