Eugenio Herrera, el intendente de Iruya, fue demorado cuando circulaba en una camioneta con papeles apócrifos y pedido de captura. Se suma a una larga lista de jefes comunales oficialistas envueltos en escándalos.
En un control de rutina, la Policía de Jujuy detuvo una camioneta que circulaba por ruta nacional N° 9, en el kilómetro 1922, a la altura de Puesto del Marquéz, en el norte jujeño. La camioneta pertenecía a la Municipalidad de Iruya y fue secuestrada por efectivos de la Seccional 16° de Abra Pampa, luego de que los uniformados confirmaron que se trataba de un vehículo con patente falsa y un pedido de secuestro activo emitido en marzo pasado por la Justicia de Catamarca. Quien manejaba el vehículo con rumbo a Bolivia era Eugenio Herrera, intendente de Iruya.
Pese a la magnitud del escándalo, desde la Municipalidad de Iruya no hubo ninguna explicación al respecto. Ni la situación del jefe comunal ni del origen del vehículo adquirido por el municipio.
Pero este no es la única polémica que protagoniza Herrera: En junio del año pasado se hizo conocido por cobrarle un tasa a los turistas que llegaban al pueblo de Iruya.
El cobro de la tasa diferencial tenía un monto para los visitantes locales de $2.000 y de los internacionales de $4.000 para recorrer el lugar junto con el monto de $1.000 para estacionar.
Después el Concejo Deliberante lo denunció por incumplimientos de deberes de funcionario público, cuando notaron “un faltante de obras” en las que el dinero llegó pero nunca se hicieron.
En una de las pocas rendiciones de cuenta que contestó Herrera, encontraron que los gastos superaban en más de $1.500.000 a lo que se decía se había erogado. Y al contactarse con los proveedores se enteraron que esas compras nunca se habían efectuado, o que los montos finales se habían adulterado, publicó Salta12 en ese momento.
Una larga lista de intendentes
Desde asumió, la Gobernación, el saencismo viene protagonizando, a través de sus intendentes, diferentes polémicas: Atta Gerala, exintendente de Coronel Juan Solá, (Morillo) fue detenido con prisión domiciliaria por el robo de rieles del ferrocarril en una causa federal. Además, tiene que enfrentar un juicio en el fuero local por el presunto delito de peculado.
En Aguas Blancas, el ahora exintendente Carlos Alfredo Martínez, el juez Claudio Parisi y el abogado Roberto Ortega Serrano fueron imputados el 19 de septiembre de 2024 por filtrar información confidencial sobre la causa por el homicidio de César “el Oreja” Martínez, hermano del exjefe comunal, asesinado por sicarios el 12 de noviembre de 2023 en Orán. La víctima cumplía arresto domiciliario por tentativa de femicidio y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
En 2020, el ahora exintendente saencista de Aguaray, Jorge Enrique Prado, condenado por el robo y venta ilegal de 228 caños del Gasoducto NEA, valuados en más de 13 millones de dólares.
Fue condenado a 6 años y 6 meses de prisión por robo agravado, sentencia que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal.
Otro de los que están en esta lista es Julio Jalit, actual intendente de Pichanal, fue denunciado por enriquecimiento ilícito, fraude a la administración pública y contaminación ambiental, entre otros delitos. En octubre de 2023, su causa fue elevada a juicio, aún permanece sin fecha.
En esta lista también están Rubén Méndez, exintendente de Salvador Mazza, imputado por peculado, enriquecimiento ilícito y asociación ilícita, luego de allanar su domicilio en el que encontraron más de 850 mil dólares, euros, pesos, vehículos de lujo y armas.
En tanto, Ernesto «Kila» Gonza, exintendente de San Lorenzo, en 2022, fue condenado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación perpetua.
Por su lado, la exintendenta de Coronel Moldes, Rita Carreras, fue acusada de peculado y fraude a la administración pública por desviar fondos públicos y vender bienes municipales a precios irrisorios.
En Iruya, en tanto, Herrera ya es el segundo intendente envuelto en un escándalo: Alfredo Soto, exintendente de Iruya, condenado en marzo de 2024 a cuatro años de prisión efectiva por peculado, tras confirmarse que cobró cheques municipales por casi un millón de pesos el último día de su gestión.
En 2023, fueron juzgados y condenados la ex jefa comunal de Isla de cañas Angelina Cornejo a 4 años de prisión efectiva, también por fraude y usurpación de cargo; Manuel Cornejo (Campo Quijano) a 6 años de prisión, también por malversación de fondos públicos y Eduardo Díaz de Angastaco, a 3 años de prisión condicional.