En solo dos meses ingresaron al Hospital San Bernardo unas 40 personas con heridas de arma blanca. La conflictividad social crece.
El homicidio de Benjamín Mamaní, un joven de 15 años, en barrio La Paz fue la gota que rebalsó el vaso en la creciente conflictividad social que atraviesa la ciudad de Salta. Expuso como nunca antes la situación y mostró la inacción del Estado provincial en un clima caliente.
Las peleas callejeras, robos y la violencia extrema empiezan a naturalizarse entre los vecinos de una ciudad cada vez más compleja. Si bien el epicentro parece posarse en la zona sudeste, en los barrios ubicados a escasas cuadras del microcentro también se vive y se sufre la violencia. Es el caso de Villa Soledad, en donde los vecinos viven aterrados por la proliferación de patotas que se enfrentan a diario, como si allí fuera una zona liberada por la Policía.
En Ciudad del Milagro, un hombre de 43 años fue encontrado herido en su casa. Falleció poco después de ingresar al hospital San Bernardo.
Por cierto, las cifras entregadas por este nosocomio son alarmantes: en solo dos meses, casi 40 personas ingresaron al Hospital por heridas de arma blanca.
Según los registros del hospital, durante los fines de semana de junio pasado se atendieron 23 casos, mientras que en julio fueron 16.
Y en medio de este clima enrarecido, el ministro de Seguridad, Gaspar Solá, parece más dedicado a enumerar estadísticas que a dar respuestas concretas.
Las calles arden por el descontrol y el 80 % de las intervenciones policiales son para sofocar conflictos sociales: peleas callejeras, disturbios, violencia en escuelas, alcohol desbordado en plazas y hasta amenazas con machetes en plena jornada escolar. Una radiografía brutal que expone que no estamos hablando solo de delitos, sino de una sociedad en tensión permanente.
Pero el verdadero problema es que la Policía de Salta parece estar corriendo siempre detrás de los hechos, sin planificación ni recursos. Patrulleros fuera de servicio, barrios enteros sin presencia preventiva y una política de seguridad que se reduce a operativos fotogénicos que no duran más que el flash de la cámara. Mientras tanto, el ministro Gaspar Solá repite como un mantra que el sistema 911 ahora funciona “mejor” y que se “optimiza” el uso de recursos. Optimizar qué, se preguntan los vecinos, si el delito y la violencia crecen más rápido que cualquier mejora administrativa.
La raíz del problema no es solo policial: es social y económica. Salta carga con niveles de pobreza que superan el 60 % y con un quinto de su población en la indigencia.
Familias enteras sobreviven en condiciones de miseria, y el gobierno provincial parece creer que la inseguridad se combate con patrullajes esporádicos, mientras recorta o ignora políticas sociales. Con hambre, desempleo y abandono estatal, el caldo de cultivo para el delito está servido.
Gaspar Solá y el gobernador Gustavo Sáenz pueden seguir repitiendo que “se está trabajando”, pero la calle ya les pasó por encima. El deterioro social no se enfrenta con excusas, ni la violencia se frena con discursos. Salta necesita decisiones políticas reales y urgentes. De lo contrario, la inseguridad dejará de ser una preocupación para convertirse definitivamente en el modo de vida de una provincia en retroceso.