El escándalo por los desmanejos en el Instituto Provincial de Salud de Salta ya no es solo un tema de quejas: la Justicia aceptó que haya una querella penal, o sea, una parte que va a estar encima de cada paso de la investigación para que esto no se duerma.
Están en la mira graves irregularidades en la facturación de la obra social provincial y en el tratamiento de sus pacientes, por lo cual con esta resolución, la investigación toma un nuevo impulso y se refuerza la línea que apunta directamente a las autoridades del organismo.
El expediente judicial incluye acusaciones por presuntos delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con la función pública y cualquier otro ilícito que surja del avance de las pruebas.
La querella, ahora habilitada para actuar, permitirá ampliar las medidas de prueba y exigir responsabilidades concretas. La causa tiene como telón de fondo un déficit estimado en 25.000 millones de pesos, una cifra que refleja la magnitud de la crisis interna. La situación afecta a más de 300.000 afiliados que dependen de un sistema que, según el expediente, atraviesa un deterioro estructural y financiero alarmante.
El avance judicial se produce en un momento en que la obra social está bajo fuertes cuestionamientos por su funcionamiento, los contratos con prestadores privados y el manejo de los fondos públicos.
La aceptación de la querella marca un punto de inflexión: la investigación ya no se limita a un sumario interno o a informes administrativos, sino que ingresa en una etapa penal donde la posible responsabilidad de las autoridades actuales y pasadas será analizada en profundidad.
En los próximos días, se espera que la fiscalía ordene nuevas diligencias, convoque a testigos y solicite documentación clave para seguir el rastro del dinero y los contratos. La lupa está sobre la cúpula del IPSS y sobre las decisiones que llevaron a la obra social a su estado actual.
Cabe recordar que el diputado provincial José Miguel Gauffin había presentado una querella penal contra las autoridades del Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) por presuntos delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. «Se debe investigar la posible comisión de delitos tales como incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas», dijo el legislador.
«Es necesario que los pasos judiciales sean determinados de manera autónoma para determinar las responsabilidades y sancionar a los culpables. Como diputado provincial, es mi deber velar por la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos.», sentenció.
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