El Ministerio Público de Salta, cuestionado en los últimos años por el presunto armado de causas y el manejo discrecional de investigaciones, volvió a quedar en el centro de la escena: ahora quiere más cargos y plata.
El dato no es rumor ni trascendido. Está publicado oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia, edición del 5 de noviembre de 2025 (N° 22.067). Allí, el organismo aprobó su Proyecto de Presupuesto 2026, con cifras que superan con creces las de años anteriores.
De esta manera se repartiría:
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Fiscalía: $76.312 millones
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Defensoría General: $54.471 millones
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Ministerio Pupilar: $32.282 millones
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Áreas Comunes: $29.718 millones
Pero lo que más llama la atención no son los montos, sino el salto en la planta de personal. Hoy el organismo tiene 1.454 empleados, pero el presupuesto pide sumar 837 cargos permanentes más, lo que representa un aumento del 57%.
El Ministerio Público Fiscal, señalado por sus actuaciones más polémicas, sumaría 215 nuevos puestos.
Caja propia
Además del incremento salarial y de estructura, el texto oficial solicita que la Ley de Presupuesto 2026 autorice al organismo a reinvertir sus propios recursos y disponer de un Fondo Permanente de $20 millones, lo que en los hechos le daría margen para manejar dinero sin controles externos estrictos.
También pide al Poder Ejecutivo mantener la facultad de crear cargos y reforzar partidas “según las necesidades de funcionamiento”, una frase que, en lenguaje administrativo, puede abrir la puerta a nuevos nombramientos discrecionales.
El Ministerio Público está manchado por investigaciones direccionadas, causas armadas y demoras selectivas, que erosionaron su credibilidad. Pese a eso, el presupuesto 2026 apunta a una expansión del gasto.
El proyecto, firmado por Pedro García Castiella (Procurador General), Jorge Martín Diez Villa (Defensor General) y Mirna Paola Obeid (Asesora General de Incapaces), ya fue remitido al Poder Ejecutivo y al Legislativo para su inclusión en la próxima ley de presupuesto.