Lo señaló el senador nacional Gonzalo Guzmán Coraita y remarcó que se profundizó la dificultad para conocer cómo se distribuye la pauta publicitaria oficial.
“La Corte ha blindado al gobierno de la provincia y no permite el acceso a la información pública”, dijo en diálogo con Infinito.
El problema no es nuevo y durante años hubo intentos por seguir de cerca esos datos desde espacios independientes, como Opinorte y Salta Transparente, que funcionó para conocer el gasto en publicidad oficial. Ese trabajo se detuvo cuando Guzmán Coraita decidió participar en política.
“Es una lástima que no exista otro que siga la posta de esa actividad que se hacía con Salta Transparente”, explicó. Según dijo la decisión de suspender ese seguimiento buscó evitar que se interpretara como una herramienta de campaña cuando integró una lista electoral. “No quise que se entienda que utilizo Salta Transparente en beneficio de una campaña política”, aclaró.
Pero la interrupción dejó al descubierto un problema más profundo: la falta de mecanismos institucionales que garanticen el acceso a la información pública. “El bloqueo era primero del Ejecutivo, que te obligaba a judicializar los reclamos. Cuando llegabas a la Justicia, los procesos se transforman en procesos lentísimos, sumamente incidentados”, sostuvo.
Y resaltó: “La Corte ha blindado al gobierno de la provincia y no permite el acceso a la información pública”.
A su entender el problema forma parte de un esquema más amplio donde todavía no existen reglas claras sobre el uso de los recursos del Estado.
“Yo soy de los que piensan que lo público y lo privado tienen que estar perfectamente separados”, afirmó. Según planteó, las zonas grises entre ambos ámbitos deberían resolverse mediante normas concretas. En ese sentido, señaló que Salta todavía no cuenta con un código de ética pública que establezca límites precisos.
En la entrevista también apareció el tema del uso de bienes del Estado y en particular el escandalo que envuelve a Manuel Adorni. Al respecto evitó pronunciarse sobre el caso puntual. “Seguramente habrá una respuesta al respecto, pero yo no soy vocero de Adorni”, respondió. De todos modos, volvió a remarcar que la sociedad espera conductas claras por parte de los funcionarios.
En ese sentido mencionó el caso de los aviones oficiales y advirtió que es una discusión que atraviesa a varias provincias. “Salta no es la excepción de la utilización de la flota para cuestiones que no son estrictamente funcionales del gobierno sino de un partido político o personales”, señaló. Incluso recordó que en la provincia hubo cuestionamientos a un ex gobernador por el uso del avión oficial durante una etapa de proyección presidencial.
Para el senador, esa lógica responde a un modelo político que lleva décadas en la provincia. “Hace más de 30 años que tenemos el mismo signo político que va cambiando de nombres”, dijo, al mencionar las gestiones de Juan Carlos Romero, Juan Manuel Urtubey y el actual mandatario Gustavo Sáenz.
“Saénz representa un modelo que ya está agotado en nuestra provincia”, concluyó. Según sostuvo, el debate sobre la pauta y el acceso a la información es parte de una discusión mayor sobre cómo se organizan los controles institucionales y que todavía continua pendidente de resolución.