La denuncia la presentó la directora de Discapacidad de General Güemes. Lo acusa de haberla expuesto y hostigado públicamente después de que denunciara a una agente policial.
El intendente de General Güemes, Carlos “Kety” Rosso, quedó bajo la lupa, a partir de una denuncia penal por abuso de autoridad y violencia de género, radicada el 21 de agosto ante la Fiscalía Penal de General Güemes. La denunciante es una funcionaria municipal que se desempeña como directora de Discapacidad.
Según consta en la presentación, el episodio que motivó la denuncia ocurrió el 19 de agosto, durante una reunión de gabinete convocada por el intendente en la Municipalidad. Allí, siempre de acuerdo con su relato, Rosso habría comenzado a referirse delante de los funcionarios presentes a un conflicto que la denunciante mantiene con una agente de la Policía, Inés Sanabria.
La funcionaria sostiene que le pidió expresamente al intendente que “no hablara del tema” porque había realizado una denuncia contra la policía el pasado 3 de junio. Sin embargo, según consta en el escrito, Rosso habría continuado con el planteo y, posteriormente, le habría recriminado la presentación judicial.
“Quiero aclarar que realicé una denuncia contra una funcionaria policial el día 3 de junio”, señaló la mujer en su presentación, donde además sostiene que el intendente “me expresó que me merezco todo lo que me pasa por denunciar a una funcionaria policial”.
El relato describe una situación que, de confirmarse, excedería ampliamente una discusión interna de una administración municipal. La funcionaria asegura que durante aquella reunión fue “humillada, dañada en mi dignidad, violentada por falsas relatos que el intendente quiere hacerme ver como culpable” y que Rosso habría utilizado su condición de jefe comunal para instalar una versión sobre el conflicto frente a otros integrantes de su gabinete.
La denuncia también sostiene que el episodio no fue aislado. La funcionaria habla de una “conducta abusiva en su condición de jefe que se está tornando repetitiva en mi ámbito de trabajo” y acusa al intendente de ejercer violencia institucional y hostigamiento.
En otro tramo, afirma que sufrió “violencia laboral y un hostigamiento constante” y que la exposición pública durante la reunión la llevó a quebrarse emocionalmente.
Hay un dato particularmente delicado en el escrito: la denunciante asegura que, durante la reunión, el intendente habría ordenado levantar su denuncia contra la agente policial. “Ante lo expuesto por el intendente en la reunión de gabinete yo rompí en llanto”, relata, para luego afirmar que se sintió “violentada y con temor” y que teme por su trabajo y por nuevos episodios de violencia.
La presentación fue registrada como una denuncia penal por violencia de género, con intervención de la Oficina de Violencia Familiar y de Género, y quedó bajo intervención de la Fiscalía Penal de General Güemes. No se trata, por lo tanto, de una simple acusación política ni de una disputa ventilada en redes sociales: hay una presentación formal ante la Justicia y un relato que deberá ser investigado.
Rosso llegó a la intendencia cuestionando precisamente prácticas de las gestiones anteriores y hablando de transparencia, control y responsabilidad institucional. Ahora es su propia forma de ejercer el poder la que aparece cuestionada en una denuncia penal.
