El vicepresidente del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas (IPPIS), Ulises Yáñez, en diálogo con Infinito cuestionó el proyecto aprobado por el Senado que solicita reactivar la explotación de uranio en Salta y advirtió que la iniciativa avanza sin respetar los derechos de las comunidades originarias.
«Entendemos que el Senado en este tipo de situaciones está incurriendo en una violación del derecho indígena, ya que cualquier proyecto que afecte directa o indirectamente a los pueblos originarios tiene que realizar la consulta libre, previa e informada», sostuvo.
Yáñez recordó que ese derecho se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la OIT, suscripto por la Argentina, y aseguró que las comunidades comenzaron a elaborar un comunicado conjunto para expresar su posición sobre la posible reactivación de la mina Don Otto.
«Estamos trabajando para poner en conocimiento a los hermanos y para que haya aportes de todos. Queremos que sea un comunicado no sólo de la zona afectada sino del pueblo diaguita en general», explicó.
El dirigente también recordó que gran parte de los municipios de los Valles Calchaquíes cuentan con ordenanzas contrarias a la actividad minera.
«La gran mayoría de los municipios del Valle Calchaquí tienen ordenanzas en contra de la minería y nosotros vamos a seguir manifestándonos en ese sentido», afirmó.
Uno de los puntos más fuertes de sus declaraciones estuvo vinculado al impacto ambiental atribuido históricamente a la explotación de uranio.
«Hoy el pueblo de San Carlos no puede tomar agua corriente porque justamente son aguas contaminadas que vienen directamente de la mina Don Otto», señaló.
Según indicó, esa información surge de lo que transmiten las comunidades de la zona.
«Eso es lo que nos informan a nosotros. Entendemos que cualquier actividad minera deja un pasivo ambiental», agregó.
Además, cuestionó los estudios de impacto ambiental realizados para este tipo de emprendimientos.
«Cuando hacen los estudios de impacto ambiental no hay un estudio donde se contemple con seriedad lo que implica y lo que deja para el futuro», sostuvo.
Yáñez también puso en duda la visita realizada por senadores provinciales al lugar y consideró que existe una intención de impulsar el proyecto sin consenso de las comunidades.
«Para mí hay una estrategia de poder reavivar la mina Don Otto, pero sin el consenso y sin el acuerdo social», afirmó.
En ese sentido, remarcó que «no hay licencia social» para avanzar con la iniciativa.
«Lo que nos dicen los hermanos de la zona es que todos los diques de cola que había por la mina nunca tuvieron resguardo y la contaminación se fue a las napas», aseguró.
Finalmente, el vicepresidente del IPPIS denunció que existe una avanzada sistemática sobre derechos reconocidos a los pueblos originarios y aseguró que las comunidades están dispuestas a resistir.
«No vamos a permitir que se sigan violando los derechos y vamos a exigir que el Estado cumpla con lo que tiene que cumplir», afirmó.
Incluso vinculó esa situación con una orden de desalojo que enfrenta actualmente la comunidad Las Pailas.
«Si no logramos detener esta orden de desalojo a través de los escritos jurídicos, no nos queda otra que poner el pecho en el territorio y defender a como dé lugar que no sea desalojado el hermano», concluyó.