El Foro de Observación de la Calidad Institucional de Salta en un comunicado cuestionó el proceso de designación de nuevos integrantes de la Auditoría General de la Provincia, advirtió sobre un «grave retroceso institucional» y sostuvo que la se pretende reciclar al radical Miguel Nanni y ratificar a Gustavo Ferraris.
El FOCIS volvió a poner sobre la mesa una de las páginas más controvertidas de la administración pública salteña: el control del Fondo de Reparación Histórica, al que calificó como un fracaso institucional de enormes proporciones.
Según el Foro, la Auditoría General de la Provincia reaccionó con una demora «inadmisible» frente a uno de los mayores movimientos de fondos públicos de la historia reciente de Salta.
«La Auditoría General se pronunció con una demora inadmisible de casi diez años respecto a la ocurrencia de los hechos y emitió un dictamen sumamente pobre si se pondera la magnitud de los fondos públicos involucrados», sostiene el documento.
Para la entidad, el organismo incumplió precisamente la misión para la cual fue creado: controlar al poder.
La entidad ecordó que el Fondo de Reparación Histórica había sido concebido para financiar obras en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social de la provincia.
Sin embargo, el balance que realiza es demoledor. «La mayor parte de los 250 millones de dólares originalmente asignados se ‘esfumaron’ sin dejar rastro», afirma el comunicado, que además cuestiona la escasa cantidad de obras ejecutadas y sostiene que muchas de ellas carecían de documentación respaldatoria suficiente.
También cuestiona que, pese a la magnitud del caso, el exgobernador Juan Manuel Urtubey «transita con total impunidad», según expresa el texto.
El comunicado también pone el foco en la decisión de la Cámara de Diputados de impulsar la continuidad del auditor Ferrari. Para el FOCIS, esa propuesta choca directamente con la reforma constitucional de 2021.
«La Constitución establece que los auditores no pueden ser designados nuevamente», recordó la organización al citar el artículo 169 de la Carta Magna provincial.
El otro nombre objetado es el del exdiputado nacional Miguel Nanni. En este punto, el cuestionamiento no apunta a su pertenencia política sino a la falta de explicaciones públicas sobre los antecedentes técnicos que justificarían su designación.
«La función de auditoría exige un conocimiento técnico y una experiencia específica que no se garantizan únicamente con un título de grado», sostiene el documento, que reclama a los legisladores explicar por qué consideran que reúne las condiciones necesarias para integrar el organismo.
La advertencia del FOCIS trasciende los nombres propios. Para la entidad, lo que está en discusión es la credibilidad del principal órgano de control externo de la provincia.
Después de una década marcada por cuestionamientos a la eficacia de la Auditoría y por el impacto político que todavía genera el Fondo de Reparación Histórica, la organización sostiene que insistir con designaciones objetadas solo profundiza la desconfianza ciudadana.
«Es imperativo recordar que este órgano estatal estuvo recientemente bajo la picota pública debido a su inacción inicial y, posteriormente, a la escasa trascendencia de su informe», concluye el comunicado.