Primero fue La Libertad Avanza y ahora el Partido Obrero. Denuncian que el proyecto impone condiciones arbitrarias que limitan la participación política.
La reforma electoral impulsada por el gobierno de Gustavo Sáenz empezó a acumular resistencias en el terreno judicial. A la acción popular de inconstitucionalidad presentada días atrás por La Libertad Avanza, ahora se sumó una del Partido Obrero (PO), que llevó el tema a la Justicia con cuestionamientos de alto voltaje.
Desde el espacio de izquierda no se anduvieron con rodeos. “Estamos ante una reforma proscriptiva”, señalaron, y advirtieron que el proyecto “intenta imponer requisitos arbitrarios que restringen el derecho de los partidos políticos a participar de las elecciones”. Para el PO, lejos de ordenar el sistema, la iniciativa apunta a “limitar la competencia política y cercenar derechos democráticos básicos”.
El planteo suma un dato político incómodo para el oficialismo: la coincidencia, aunque circunstancial, con La Libertad Avanza. Desde extremos ideológicos opuestos, ambos sectores terminan señalando un mismo punto crítico: la sospecha de que la reforma busca redibujar las reglas del juego con criterios que podrían dejar afuera a quienes no encajan en el esquema oficial.
En esa línea, el PO fue más allá y planteó que “no se puede modificar el régimen electoral para excluir fuerzas políticas ni condicionar su participación mediante exigencias desproporcionadas”. Según sostienen, los cambios propuestos “no fortalecen la democracia, sino que la restringen”.
Con dos acciones judiciales ya en marcha, la discusión dejó de ser exclusivamente política y empezó a trasladarse a los tribunales. Dos presentaciones para una reforma que no pasó desapercibida.