El gobernador volvió a cuestionar el impacto social del ajuste nacional, pero su discurso de firmeza contrasta con el respaldo que sus representantes dieron a las iniciativas del oficialismo.
Gustavo Sáenz volvió a marcar distancia del Gobierno de Javier Milei al reconocer que la mejora de los indicadores macroeconómicos no se traduce en bienestar para la población. Sin embargo, su discurso de defensa de los intereses provinciales convive con el acompañamiento de sus legisladores a buena parte de las medidas impulsadas por la Casa Rosada, incluso aquellas que golpean a los sectores más vulnerables.
En una entrevista con A dos voces, por TN, el mandatario salteño sostuvo que la economía “muestra avances” en algunos indicadores, pero advirtió que la realidad cotidiana sigue siendo complicada. La diferencia entre la macroeconomía y el bolsillo de los argentinos es un argumento que Sáenz viene utilizando, con conocimientos muy limitados, para cuestionar los resultados del programa económico nacional, aunque sin renegar del respaldo que su espacio político le brindó en el Congreso.
El gobernador suele presentarse como un dirigente que dialoga con la Nación, pero que también sabe poner límites cuando considera que están en riesgo los intereses de Salta. El problema aparece cuando esa definición se contrasta con el comportamiento de sus representantes. Los diputados que responden al mandatario acompañaron iniciativas centrales del oficialismo, mientras que la senadora Flavia Royón respaldó cerca del 90% de los proyectos impulsados por el Gobierno nacional, según el relevamiento que sirve de referencia para esta discusión. Una conducta legislativa que obliga a preguntarse hasta dónde llega la firmeza que Sáenz reivindica públicamente.
El mandatario defendió ese acompañamiento con el argumento de que el Gobierno debía contar con “las herramientas necesarias” para poner en marcha su programa económico. Al mismo tiempo, advierte que “la gente no está bien”, haciéndose el distraído por las consecuencias del costo social de un ajuste que afecta especialmente a quienes tienen menos recursos para defenderse.