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martes, septiembre 22, 2026

Aberrante impunidad en Salta | Abusos, violencia, explotación sexual y negligencia estatal

La gravísima denuncia de una joven expone crudamente a la Secretaría de Niñez y Primera Infancia, al Poder Judicial, al Ministerio Público y al Ministerio de Desarrollo Social. Aseguran que el Gobernador está al tanto pero no le importa ¿Cómo se resguardan quienes deben ser custodiados por Estado?

Un desgarrador testimonio brindó Guadalupe Moreno Mangioli, una joven de 20 años que fue institucionalizada tras denunciar a sus progenitores y bajo custodia estatal, continuó sufriendo vejaciones de todo tipo. El antecedente sobre este punto referido a denuncias por violencia, violaciones y explotación sexual, tuvo como respuesta estatal una restricción perimetral hacia la denunciante y la ratificación de funcionarios cómplices como Carina Iradi y Mario Mimessi, secretaria de Niñez y Primera Infancia y ministro de Desarrollo Social, respectivamente.

El valiente testimonio de Guadalupe da cuenta que sus padecimientos comenzaron cuando tenía seis años, cuando su progenitor, un militar ahora retirado, abusó de ella reiteradamente y a los nueve años, en connivencia con su progenitora, la “entregaron” para que un jefe militar haga lo propio.

“Me institucionalizan porque denuncié a mis progenitores, desde los seis hasta los doce años sufrí abusos sexuales por parte de mi progenitor, mi progenitora me ofreció al que era su jefe para que éste abusara de mí y también está denunciado”, contó y agregó: “sus nombres son Valeria Mangioli, Jorge Alberto Moreno, el nombre de su jefe es Renato Baroni. Los tres son militares, mi progenitor ya es retirado como suboficial mayor, mi progenitora como suboficial principal y Baroni sigue en actividad como mayor”.

La denuncia fue presentada en fiscalía ante la UDIS 3 (Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual) y quedó a cargo inicialmente de la fiscal Luján Sodero Calvet, la carátula es abuso sexual con acceso carnal, tocamientos y prostitución.

“Yo tenía nueve años cuando esta persona abusó sexualmente, accediendo carnalmente, está denunciado en UDIS 3, el expediente es 3953/23, la causa está a cargo de María Cecilia Flores Toranzos, el tiempo en el que estuvo a cargo de Sodero Calvet la causa se cajoneó durante casi dos años”, indicó la joven.

A los padecimientos y abusos en contexto hogareño, Guadalupe debió afrontar la desidia del sistema judicial: “en el tiempo en que estuve en el dispositivo la causa no avanzó, seguía en investigación pre-preliminar, no se habían identificado a los sospechosos, no se tomaron declaraciones ni se realizaron pericias, no sé qué relación tendría la fiscal Sodero Calvet con alguno de los denunciados o qué pasó para que la causa esté tanto tiempo parada”.

“Cuando quise consultar, estando fuera del dispositivo, me atendió el Dr. Farfán y me comunicó que expediente se había perdido, algo que no puede ser porque está todo digitalizado. En palabras de él, el denunciado Renato Baroni, tenía un régimen intachable, era una buena persona y sospechaba que lo que yo denuncié hubiera pasado”.

REVICTIMIZACIÓN Y APRIETES

“En el tiempo que estuve en el dispositivo se me realizan pericias psicológicas y psiquiátricas totalmente manipuladas, decían que yo mentía, cuando salgo, se vuelven a solicitar pericias y la nueva psicóloga me dice: vos no estás mintiendo, sos una chica que lo vivió y lo pasó. Se presentaron los informes y se pudo voltear lo que estaba expuesto en la fiscalía donde me hacían quedar como una mentirosa”, contó la joven.

Además, indicó que le hicieron llegar mensajes intimidatorios y amenazantes a ella y a su entorno social “me intentaron callar de nuevo, desde la Secretaría y de parte de Carina Iradi no quieren que se sepa todo esto, yo lo hago público ahora porque en otro momento no lo pude hacer”.

OTRA VEZ CLAUDIA GÜEMES

La jueza de Personas y Familia Claudia Güemes, acumula otro severo cuestionamiento, su proceder fue severamente objetado por la joven denunciante y coincide con su perfil avasallante, desatinado y carente de las condiciones para el cargo que ostenta.

“En 2023 tenía 16 años y la jueza Claudia Güemes me institucionaliza en el dispositivo Esperanza y en una audiencia en la que hizo abuso de su investidura tratándome de pendeja mentirosa, de actriz, sentándola a mi progenitora al lado pese a que la estaba denunciándola por haberme entregado a esta persona abusadora, Renato Baroni, estaba exponiendo frente a ella y a las psicólogas de Ciudad Judicial, frente a la que era mi asesora de menores e incapaces Guadalupe Salatín, ante la tutora oficial Macarena Saravia Zenteno, la abogada del Niño, Marta Aguilar Bossini, todas recomendaron a la jueza que no se me exponga ni se haga un careo con mi progenitora, a la jueza no le importó me sentó al lado y me dijo: lo que estás denunciando decíselo en la cara”.

Pese a haber sido recusada, la jueza Claudia Güemes continuó al frente de la causa de Guadalupe.

TRATA DE PERSONAS CON AVAL POLICIAL Y JUDICIAL

“El gobernador no tiene la menor idea de lo que pasa o trata de hacer vista gorda. La secretaria de la Niñez, Carina Iradi, como el ministro Mimessi y Ramiro Ibáñez (director de Dispositivos de Protección) saben en qué situación se encuentran los niños, como se manejan los dispositivos y además hay un boicot judicial”, la conclusión pertenece a una joven de sólo veinte años que sufrió en primera persona el escarnio de un estado abusador, proxeneta, cómplice e impune, cuya acción dolosa alcanza a sus tres poderes.

Guadalupe añadió otro testimonio escalofriante que increíblemente no se investiga:

“Yo presencié el caso de una chica de 14 años que se fue del dispositivo, nos decían que va a volver porque no tiene donde comer, volvió bajo efectos de estupefacientes. Yo viví una situación en la que me golpearon, me abrieron la cabeza en una situación de violencia en el dispositivo Esperanza, me dirigí hasta la comisaría quinta, el comisario Taritolay no me dio auxilio ni resguardo, me devolvieron al dispositivo y la herida se me infeccionó.

Hay personal masculino trabajando en dispositivos de niñas. El enfermero Jesús Colque sigue trabajando en el dispositivo Esperanza, realizaba tocamientos inapropiados a las niñas y fue ascendido como coordinador.

Ellos están muy cómodos en sus oficinas tomando café y las niñas en los dispositivos pasan hambre, solo hay una comida por día. A las chicas le dan un jabón blanco y le dicen: con eso báñate, lavá tu ropa y manejate como puedas”

A esa situación se le suma una aún más estremecedora, Guadalupe la recordó así:

“A mí me intentaron prostituirme estando en el dispositivo, el mismo personal. Por normativas de la secretaría de la Niñez me trasladaron al dispositivo RAM (Residencia de Adolescentes Madres).

Me vi en la necesidad de conseguir un trabajo porque no tenía acceso a mi dinero, pedí empezar a trabajar, me habla una coordinadora, Yanina Plaza, me dice que tenía una sobrina en barrio El Huayco donde podía vender ropa, la secretaría de la Niñez Carina Iradi fue informada de esta situación

Nos trasladamos con la operadora en una camioneta con la sargento Pastrana, una policía que designó la jueza Güemes. Cuando llego a esa casa, me abre la puerta Florencia Plaza, lo primero que se observa es a hombres teniendo relaciones sexuales con adolescentes, no podría decir si no son menores de edad, todo tipo de estupefacientes en una mesa, alcohol, ella me recibe, me dice: esto es lo que ves, si no te interesa te podés retirar, cuando intento salir me intercepta un hombre, me quiere tocar, me salgo como puedo, me quieren dar dinero y rechacé

A todo esto, en la puerta la consigna policial estuvo sin hacer nada pese a estar viendo que un hombre me quiere retener y tocar.

Nos trasladamos nuevamente al dispositivo, hablo con la coordinadora Mónica López y con la psicóloga Florencia Avila, me dijeron que no podía realizar la denuncia porque no hay personal que me acompañe a la comisaría, me retuvieron una semana

Cuando intento denunciar en la secretaría de la Niñez, me dicen: tené mucho cuidado con lo que estás diciendo, me amenazaron que al momento de cumplir mi mayoría de edad podía quedar detenida, nos amenazan. A mí me llevaron al hospital Ragone”.

MALVERSACIÓN

“El 90 por ciento de los que trabajan en los dispositivos son personas ruines, que no merecen el puesto que tienen, trabajar con niños debe requerir un acompañamiento diferente, tuve la suerte de que una operadora me trató bien y la coordinación le dio una orden: aléjate de la menor no la hables, ella me lo contó y me dijo que si no lo hacía la iban a echar. Todas esas amenazas llegan por parte de la Secretaría de la Niñez”, denunció Guadalupe y desde su nefasta experiencia agregó que se busca “mantener a las niñas dentro de los dispositivos para poder lograr una red de prostitución y con eso obtener dinero”.

Además, relató que realizó una denuncia contra la Tutora oficial, del Ministerio Público Pupilar, Macarena Saravia Zenteno, por malversación de fondos.

“Se percibía mi cuota alimentaria en una cuenta judicial, yo era la titular, pero la apoderada era ella y la única que podía sacar plata, ella se presentaba en nombre mío y sacaba el dinero”, reveló la joven exhibiendo copias de las extracciones bancarias cuyo dinero nunca le llegó.

A pesar de este compendio de delitos, destratos, violencia institucional e impunidad, todos los funcionarios de los distintos poderes del Estado siguen en sus funciones, dando un mensaje aberrante a la comunidad.

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