El gobernador se reunió con Diego Santilli y ya negocia con Nación el presupuesto del año próximo. Mientras tanto, el proyecto libertario profundiza el ajuste sobre universidades, ciencia, discapacidad y asignaciones.
Gustavo Sáenz ya se sentó a negociar con el Gobierno de Javier Milei por el Presupuesto 2027. Mientras la Casa Rosada intenta conseguir el respaldo de los gobernadores para aprobar un proyecto que mantiene al equilibrio fiscal como una de sus principales banderas, el gobernador salteño pone a disposición sus legisladores. El problema es qué queda fuera de esa negociación.
La reunión con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, tuvo precisamente ese eje. Sáenz y otros gobernadores del Norte Grande plantearon reclamos vinculados con infraestructura vial.
La negociación tiene números concretos: el proyecto de Presupuesto 2027 contempla para Salta unos $127.447 millones en obras. Entre las partidas más importantes aparece la autopista de la Ruta Nacional 9/34, con una previsión de $69.114 millones para uno de sus tramos, además de casi $19.700 millones para la pavimentación de la Ruta Nacional 51 entre San Antonio de los Cobres y Mina La Poma. Son partidas previstas en un proyecto que todavía debe ser discutido y aprobado por el Congreso, no fondos ya ejecutados.
Sáenz, por lo tanto, tiene algo concreto para negociar: obras que necesita la provincia y que pueden traducirse en infraestructura, conectividad y actividad económica. Pero al mismo tiempo, el Presupuesto que Nación propone financiar esas obras contiene un esquema que golpea otras áreas que también afectan directamente a los salteños. Allí aparece la otra cara de la discusión.
El proyecto contempla $7,34 billones para las universidades nacionales, frente a un reclamo del Consejo Interuniversitario Nacional superior a los $11 billones. Para las universidades, la diferencia implica menos margen para salarios, becas, investigación, infraestructura y funcionamiento. En una provincia donde la universidad pública es una de las principales puertas de ascenso social, el impacto no queda encerrado en los claustros: alcanza a estudiantes y familias que no tienen otra alternativa para sostener una carrera.
Algo similar ocurre con la ciencia y la tecnología. El recorte de recursos puede traducirse en menos proyectos, becas, laboratorios y equipamiento, además de dificultar la formación y permanencia de investigadores. Es un ajuste cuyo impacto no necesariamente aparece de inmediato en una cuenta familiar, pero que puede afectar durante años la capacidad del país para producir conocimiento, tecnología e innovación.
En discapacidad, en cambio, el impacto potencial es mucho más directo. Las modificaciones planteadas sobre el sistema alcanzan cuestiones como pensiones, prestaciones y mecanismos vinculados con el Certificado Único de Discapacidad y el nomenclador. Para las familias que dependen de tratamientos, rehabilitación, transporte, acompañamiento terapéutico o centros de día, cualquier cambio en el financiamiento puede terminar convirtiéndose en un problema cotidiano. El Gobierno sostiene que busca ordenar y hacer sostenible el sistema; las organizaciones y sectores críticos advierten sobre el deterioro que podrían sufrir las prestaciones.
También está la discusión sobre la AUH y las asignaciones familiares. El proyecto propone eliminar mecanismos de actualización automática vinculados con la inflación, lo que abre el interrogante sobre el poder adquisitivo futuro de esas prestaciones. Si los precios aumentan más que los ingresos, las familias no necesariamente verán menos pesos en la cuenta, pero sí podrán comprar menos con ellos.
Allí radica el principal dilema: mientras Nación pone sobre la mesa recursos para algunas rutas, plantas y obras de infraestructura, el mismo Presupuesto plantea un esquema que reduce el margen de financiamiento de universidades, ciencia y determinadas prestaciones sociales. Sáenz negocia por lo primero porque son recursos que la Provincia necesita; queda por verse cuánto hará para discutir lo segundo.
El proyecto todavía puede cambiar en el Congreso, pero las prioridades ya están escritas. Y entre ellas hay algunas obras que Sáenz quiere conseguir y varios sectores sociales que tendrán que esperar para saber qué queda finalmente del otro lado de la motosierra.