La actual defensora general y exjueza, incurrió en un grave acto de intimidación contra dos periodistas, sin importarle que está avasallando garantías constitucionales vitales para la democracia como la Libertad de Expresión y Libertad de Prensa. La prepotencia apoyada en la cercanía con el poder se le complica con sus antecedentes.
Zunino citó a mediación a los periodistas Maximiliano Rodríguez y Nicolás Ruiz, en un claro acto intimidatorio, luego de que estos difundieran un fuerte informe sobre presuntos actos de corrupción institucional por parte de la magistrada, que fueron denunciados ante la Justicia Federal.
Por radio Infinito, la defensora pública jubilada, Natalia Buira, habló sobre este asunto: “con ese llamado a mediación, lo que hace la Defensora General y presidenta del Ministerio Público, es vulnerar y violar el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información que tenemos todos los ciudadanos”.
“Los periodistas no están incursos en ningún tipo de acción que merezca un llamado a mediación para luego iniciarles una acción civil o penal, no está encuadrada la acción ni en el articulo 109 o 110 del Código Penal -que es calumnias e injurias-, ni tampoco, si pretende la doctora Ada Zunino una acción civil, invocando el artículo 1770, que es cuando se afecta el buen nombre y honor dando a conocer actos de la intimidad, porque lo que hicieron los periodistas fue replicar una denuncia que hace en el Juzgado Federal la abogada Plaza Amado”, precisó Buira.
Respecto a las responsabilidades y obligaciones según el grado de responsabilidad, indicó que “los funcionarios públicos, máxime los de mayor jerarquía, están bajo supervisión ciudadana, tienen que rendir cuenta de sus actos, el haber informado no constituye ninguna acción ilícita ni inconveniente ni nada, están en cumplimiento de su trabajo de periodistas”.
DEFENSORA Y PROCURADOR EN FALTA
“Lo que sí podría constituir una tipificación penal es el accionar tanto de Ada Zunino como de García Castiella, porque hay violencia institucional usando tan altos cargos como el de Defensora General y Procurador General de la Provincia, intimidan y amedrentan mediante el uso de acciones judiciales, lo que implican abuso de autoridad -figura tipificada en el Código Penal- y amenazas de llegar a sufrir un mal mayor como una denuncia penal o una acción civil. Ellos sí podrían estar incursos en algún tipo de delito penal. Lo que buscan es suprimir, controlar y prohibir la libertad de expresión y el derecho a la información”, advirtió la doctora Buira.
Es llamativo que conociendo los derechos y garantías constitucionales, Zunino y García Castiella, incurran en estas prácticas. Buira descontó que conocen el contenido del caso Fontevecchia contra el Estado nacional, donde la Corte Interamericana, señala que “todos los que ejercen cargos públicos, sobre todo los de las más altas esferas, están sujetos a un mayor escrutinios y críticas por parte de la sociedad, porque sus actividades son públicas y se insertan en el marco del debate público”.
“Lo que los periodistas estaban relatando era una denuncia en la que la abogada Plaza Amado, hace referencia al mal accionar judicial, es algo que nos interesa a todos y donde Ada Zunino queda expuesta como autora de un eventual delito de cohecho y corrupción institucional, lo que pasa es que no quieren quedar mal, entonces no actúen mal”, señaló la exdefensora.
PROCURADOR O CENSURADOR
Natalia Buira dejó expuesta la gravísima extralimitación del procurador general de la Provincia, Pedro García Castiella, toda vez que no tiene facultades para imponerle un bozal legal a una denunciante:
“El hecho de que el Procurador General de la Provincia, un cargo de máxima autoridad del sistema judicial, le haya prohibido a una abogada particular (Plaza Amado) hablar de la denuncia que ha interpuesto en el Juzgado Federal, no corresponde, es de nulidad total, ni él que es el jefe de los fiscales, ni ningún fiscal tiene la competencia jurisdiccional de prohibir expresarse sobre una denuncia que una víctima a formulado, sólo lo puede hacer un juez competente”.
En consecuencia, se desprende como alarmante conclusión que “el procurador le prohíbe hablar a la doctora Plaza Amado y la Defensora General llama a mediación a los periodistas, pero los dos buscan lo mismo”.
En tal sentido agregó que “lo que hizo García Castiella directamente es censura previa. La última vez que obró igual fue cuando le pidió al excomisario Cordeyro que se llame a silencio y a los días apareció muerto”.
Otro aspecto que da cuenta de un cuadro de entrelazamiento del poder político con los funcionarios judiciales pasa por la participación de estos en actos públicos donde se muestra el gobernador Sáenz, quien se destaca por ser alguien que concentró el poder. “No corresponde la participación de la Defensora General ni del Procurador, en actos políticos partidarios. Se evidencia mucha propaganda personal en la página web de la Defensora General”, indico Buira.
Por otra parte, recordó que “en el año 2021, la doctora Sonia Escudero, fue llevada a juicio por el Juez Martini, que también aparece en la denuncia de la abogada Plaza Amado”.
SILENCIAR COMO FALTA ÉTICA Y JURÍDICA
“Es muy grave desde la ética y desde lo jurídico, el accionar de la Defensora General, pretender silenciar al poco periodismo veraz y crítico hacia las autoridades que hay en la Provincia. El periodismo es uno de los pilares de la democracia y ella (Zunino) olvida que el Ministerio Público es una institución propia de la democracia, no de un régimen autocrático o autoritario. Si el Ministerio Público, está llamado constitucionalmente a la defensa de la legalidad y a la vigencia y garantía de los derechos humanos y constitucionales ¿cómo es que se avasalla así la libertad de expresión y el derecho de todos a esta informados?”, planteó Buira.
¿POR QUÉ TANTA PREOCUPACIÓN?
“Desde el momento en que se preocupan tanto por silenciar a dos periodistas y a la abogada que interpuso la denuncia, crea mayor convicción de que todo lo que dice la denuncia tenga un alto grado de certeza, porque nadie se va a gastar a exponerse en hechos totalmente arbitrarios e inconstitucionales como en los que han incurrido las máximas autoridades del Ministerio Público”, resaltó Natalia Buira.
Además, sostuvo que el Procurador y la Defensora General han cometido un avasallamiento total de silenciar y amedrentar a los periodistas, a la abogada, afectando el derecho a informarnos de todos los ciudadanos.
SÁENZ TAMBIÉN
“El gobernador se empeñó desde su primer mandato en violentar la libertad de expresión, apenas asumió, logró sentencias judiciales de censura a medios de comunicación digitales, escribí una columna sobre el derecho a la libertad de expresión. Encuentran jueces y fiscales muy dispuestos a violentar la constitución nacional”.
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ADA GUILLERMINA Y SUS ANTECEDENTES
Otro aspecto expuesto por Buira es que en la denuncia presentada por la abogada Plaza Amado ante la justicia federal, aparece el juez Soria a quien se le plantearon tres pedidos de jury, mientras que la jueza Ada Zunino tuvo un Jury presentado por tres diputados radicales, porque procedió como la mejor defensora del exdiputado Kuldeep Singh, quien participó de un asalto a mano armada y en banda en una cerealera de Gral. Güemes.
También recordó que el juez Federico Diez, acusado de violencia doméstica de género por su pareja, tuvo a Ada Zunino como su mejor defensora y terminó elevando a juicio a la víctima.
“En Salta existe toda una corporación política judicial, creo que mucho de eso debe haber en la denuncia de la abogada Plaza Amado. Ahí se denuncia quienes participaban en una cena en la casa de Zunino que era jueza de Garantías, en una reunión desarrollada en pandemia, donde participaban otros jueces, incluso algunos de la Corte y en la que también estaba Benjamín Cruz. Años después, la causa contra Benjamín Cruz, por tráfico de influencias, tuvo como jueza a ADA ZUNINO, quien no se inhibió como debía, por su amistad con el acusado”, reveló.
La ex defensora pública reflexionó sobre lo que ocurre en Salta, donde a comunidad ya no cree en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, ni en las cámaras legislativas, ni en el Jury, ni en el Consejo de la Magistratura. “Es grave lo que está pasando, pero la gente está anestesiada, tendrían que haberse pronunciado las instituciones, empezando por el Colegio de Abogados”.
DEMITRÓPULOS
“Ada Zunino fue la jueza del caso en el que el hijo de Nicolás Demitrópulos, quien manejando en estado de ebriedad tiene un accidente en el que mueren dos adolescentes de 15 años y deja con graves lesiones a una niña de 13 años. Ella fue la jueza del caso. nunca se supo que lo que pasó, hubo un silencio total, se llegó a un acuerdo, pero en un homicidio culposo, es la sociedad toda la que está involucrada, no se puede llegar a un acuerdo, pagar una indemnización y que un delito de instancia pública termine ahí”, recordó.
“Como se ve a Ada Zunino, el poder le debe mucho”, destacó Natalia Buira.
Corrupción institucional | Ada Zunino fue denunciada en la Justicia Federal